Netzaí Sandoval Ballesteros, quien hasta 2023 encabezó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), exhibió las mentiras tras la investigación promovida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández contra Arturo Zaldívar.
A través de su cuenta de X, el exfuncionario publicó un hilo desmontando una a una las acusaciones lanzadas desde el Poder Judicial para desacreditar su labor al frente de la Defensoría Pública federal como parte de la campaña contra el ministro en retiro.
Peritos
Tras cuestionar la denuncia anónima en que se basa la pesquisa, Sandoval aclaró que los peritos del IFDP -que la investigación califica como ‘caros’ y de poca utilidad- ganaban menos que los del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y participaron en más de 21 mil casos.
COVID-19
En referencia a la pandemia de COVID-19, Netzaí señaló que la dependencia a su cargo ayudó a gestionar los primeros amparos de atención temprana para personas con discapacidad; así como las liberaciones del sistema penitenciario por beneficios vinculados al estado de salud de los reos.
Otra acusación rechazada por el hermano de Irma Eréndira Sandoval referente al COVID-19 fue la construcción de un roof garden en las oficinas del Instituto. En realidad habilitaron tres balcones para uso comunitario, que los trabajadores usaron para consumo de alimentos durante la contingencia.
Declaración patrimonial
Entre las acusaciones sin sustento promovidas contra Netzaí Sandoval en la investigación es que, supuestamente, el exfuncionario habitaba un penthouse en la exclusiva zona residencial de Santa Fe; señalando que la única propiedad que poseé está muy lejos de dicho lugar.
Contrataciones
Sobre la contratación de personal que, presuntamente, no cumplía con el perfil para ejercer la defensoría pública, Netzaí Sandoval aclaró que todos los nombramientos pasan por el Consejo de Administración del CJF; además de que varios de los señalados siguen laborando bajo la gestión de Taissa Cruz.
Netzaí Sandoval rechaza otras acusaciones
Sandoval también atacó otras de las acusaciones de la investigación, como que el convenio para representar a mujeres en delitos del fuero común no era gratuito o que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo propuso para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) o para la propia Judicatura, pese a que el Poder Legislativo no lo consideró en ambos casos.
Acerca de la denuncia por presunta ‘injerencia’ en casos prioritarios para el gobierno, como el Tren Maya o las reformas promovidas por el gobierno federal, recordó que el IFDP ni siquiera participó en dichos procesos, por lo que la acusación carece de fundamentos.
Finalmente, señaló las violaciones cometidas por los funcionarios que filtraron la lista de los presuntos sospechosos de la investigación contra Zaldívar, pues en esos casos el Poder Judicial suele reservar los nombres y manejar el proceso con secrecía.
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