El gobierno del estado de Tamaulipas respondió a las acusaciones de un artículo periodístico, el cual reveló que, en 2017, la administración encabezada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca habría pagado 39 millones de pesos -procedentes de fondos federales- a una empresa fantasma.
A través de un comunicado, el titular de Comunicación Social, Francisco García Juárez, rechazó los señalamientos publicados este viernes por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en los que se le acusa personalmente a él de haber autorizado el pago de servicios que no fueron comprobados.
Además de rechazar categóricamente haber utilizado dinero de fondos federales, el vocero afirma que la empresa Grupo Publicitario Adar recibió todos esos convenios porque acreditó en tiempo y forma su existencia, de acuerdo a los criterios establecidos por la ley y que sí entregó la campaña publicitaria que se le comisionó.
El funcionario también asegura que, durante el periodo en que dicha empresa facturó al gobierno de Tamaulipas (2017-2018) no hubo ningún reporte de que la compañía señalada estuviera presente en la ‘lista negra’ de empresas simuladoras de operaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
García agregó que todas las dependencias mencionadas en la nota –incluyendo la suya- cuentan con los comprobables de que los servicios contratados fueron ejecutados y que los documentos están disponibles, tanto en el archivo de la Coordinación de Comunicación Social como en las oficinas nombradas anteriormente.
Finalmente, asegura que la utilización de fondos federales –como el FONI o el Ramo 28- para pagar los servicios presuntamente prestados para las secretarías de Salud y Educación no representa ninguna irregularidad, ya que así estaba indicado en las reglas de operación de dichos recursos.
El artículo publicado por MCCI señalaba que, entre 2017 y 2018, Grupo Publicitario Adar habría emitido 135 facturas al gobierno estatal, con valor de 39 millones de pesos, por la organización de diversos eventos, además de una campaña de publicidad para autobuses y paradas en otras entidades de la República.
Sin embargo, las auditorías realizadas por el SAT revelaron que la empresa obtuvo hasta 105 millones de pesos en 2017, pese a no contar con el personal ni con la infraestructura para llevar a cabo los servicios para los que se le contrató. Al no poder comprobar la entrega de estos, el organismo incluyó a la empresa en la ‘lista negra’ de contribuyentes.
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