El gobierno federal advirtió desde diciembre al Poder Federal sobre los riesgos de la liberación de los ocho militares detenidos por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin que este último atendiera.
A través de su cuenta personal de Twitter, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, atendió la petición realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó difundir la carta que la dependencia entregó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández desde el mes pasado.
En ella, informan sobre la resolución de un tribunal de circuito de la Ciudad de México, el cual otorgó a los imputados un amparo para programar una nueva audiencia para confirmar o modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pese a que el delito de desaparición forzada aparece como merecedor de esta en la Constitución.
Alcalde Luján advirtió a la titular de la Judicatura sobre los riesgos que traería una modificación al estatus jurídico de los señalados, entre las que se encuentra el riesgo de fuga, además de la violación a los derechos humanos, tanto de los desaparecidos como de sus familias.
Por ello, exhortó a la ministra Piña y al Poder Judicial a impedir el cambio de medida cautelar, pues confiaba en que velaría por el Estado de Derecho y los derechos de las víctimas, pues de lo contrario enviaría a la sociedad el mensaje de impunidad e injusticia que terminó confirmando con su resolución.
Este martes, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado justificando la actuación de sus juzgadores -pese a la gravedad del delito y su sanción dentro de las leyes- y responsabilizando a la Fiscalía General de la República (FGR) por no impugnar la decisión del tribunal.
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