El Poder Judicial de la Federación justificó la liberación de ocho militares imputados por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa alegando que la FGR no se inconformó contra el recurso de amparo.
A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) atendió la polémica provocada por el cambio de medida cautelar contra los ocho elementos castrenses señalados por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en septiembre de 2014.
Tras una reunión previa entre ambas partes, la jueza federal confirmó la prisión preventiva oficiosa contra los imputados, pues el delito del que se les acusa está contemplado por el artículo 19 constitucional como merecedor de dicha medida cautelar.
Pese a ello, los militares se inconformaron y presentaron una solicitud de amparo ante un juzgado de la Ciudad de México, el cual les otorgó una suspensión basada en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no en el marco legal vigente, pero únicamente para reprogramar una audiencia para confirmar o cambiar la determinación.
Fue en esta instancia en donde únicamente los quejosos presentaron un recurso de revisión y no la Fiscalía General de la República (FGR). Ahí, otro tribunal determinó innecesario celebrar una nueva audiencia y ordenando la liberación de los señalados pese a la gravedad de los cargos.
Por ello, los ocho militares continuarán su proceso en libertad, limitándose a pagar una fianza de 50 mil pesos cada uno, firmar en el juzgado cada quince días y las prohibiciones de salir del país y acercarse a las víctimas y al lugar de los hechos.
