Tres de las once compañías fabricantes de armas que enfrentan una demanda por parte del gobierno mexicano en una corte federal de Estados Unidos también enfrentan otros dieciséis procesos penales, señalados por el papel que han jugado en diversas matanzas.
La periodista Laura Sánchez Ley realizó una investigación sobre el estatus jurídico que mantienen dichas empresas, descubriendo que tres de ellas reportaron ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) que, hacia el comienzo de 2022, mantenían más de una docena de litigios aún vigentes.
Se trata de Smith and Wesson, Sturm, Ruger and Company y Barret; siendo la primera –creadora del primer revolver de producción masiva en la Unión Americana- la que más demandas pendientes tiene, con once. La segunda, por su parte, enfrenta cuatro acciones legales y la última cuenta con un único juicio en proceso.
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Entre las acusaciones que enfrenta Smith and Wesson se encuentra el tiroteo que tuvo lugar el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida; el cual tuvo como saldo diecisiete fallecidos y catorce heridos; convirtiéndose en uno de los casos de violencia más emblemáticos de los últimos años.
Sin embargo, las familias de Parkland no son las únicas que exigen que la armera enfrente la acción de la justicia, pues también hay una demanda en la Corte Suprema de Ontario, en Canadá, promovida por los deudos del tiroteo que tuvo lugar en Toronto en 2018, quienes exigen una compensación de daños por 150 millones de dólares.
Sturm, Ruger and Company, por su parte, tiene abierto un litigio desde 1999, cuando la ciudad de Gary (Indiana) acudió ante los tribunales para demandar a la compañía por negligencia, publicidad engañosa, alteración del orden público, comercialización y distribución de armas. Sin embargo, la causa no ha avanzado debido a que la parte acusada ha presentado una serie de amparos y apelaciones.
Acá toda la información en @Milenio y aprovecho para preguntarles ¿qué opinan de este litigio en EU? https://t.co/Zraj9WVhvO
— Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) February 17, 2022
Tanto en estos casos como en la demanda promovida por el gobierno mexicano, los fabricantes de armas alegan que no pueden ser considerados como responsable de negligencia por el mal uso de sus productos, asegurando que debe ser el usuario final quien asuma las consecuencias de sus actos.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, considera que el sector armamentístico ha sido corresponsable de la violencia que azota a la zona fronteriza debido a que están conscientes de que sus artículos terminarán en manos del crimen organizado y, en lugar de hacer algo para evitarlo, incluso personalizan sus armas con una estética similar a la que manejan los narcotraficantes.
Con información de Milenio.
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