El presidente Andrés Manuel López Obrador causó controversia durante su conferencia de prensa de este lunes, cuando propuso la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y eliminar la clasificación de archivos, salvo que estos pongan en riesgo la seguridad nacional.
Para discutir más a fondo las implicaciones que estos movimientos tendrían, la periodista Meme Yamel invitó a dos periodistas con experiencia en temas de crimen organizado y seguridad a la emisión de su programa: Laura Sánchez Ley y José Reveles, quienes manifestaron sus puntos de vista al respecto.
En su apertura, la autora de Testimonios desde Almoloya señaló que, aunque considera que la desaparición del INAI sería un grave error, ella está más preocupada por la propuesta del mandatario, quien sugirió que sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la encargada de asumir sus funciones, debido a la manera en la que se ha conducido durante la actual administración.
Además de la permisividad mostrada en casos como el de Manuel Bartlett, Sánchez mencionó que otro de los problemas enfrentados por Irma Eréndira Sandoval es la fragilidad de los procedimientos de sanción, pues en casos como los de León Bártlett (hijo del director de CFE) y Carlos Lomelí, las inhabilitaciones impuestas fueron eliminadas en tribunales.
Finalmente, mencionó que estas situaciones han sucedido durante varias administraciones y que es un reto para cualquier gobierno. Reveles coincidió y, para ilustrar esto, puso como ejemplo al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
Durante su gestión, el exfuncionario -enjuiciado en Estados Unidos- no ejerció de manera completa los recursos recibidos por su dependencia. Sin embargo, tampoco reintegró el dinero a la Federación, sino que creó fideicomisos para desviar el sobrante, acción ilegal a todas luces.
El veterano periodista mencionó que, en su momento, la Auditoría Superior de la Federación estuvo enterada de estos movimientos; sin embargo, no emprendió acciones para sancionar; mientras que la Cámara de Diputados –de mayoría panista en aquel momento- le dio el visto bueno a las acciones del secretario.
Otros problemas observado por ambos periodistas son el concepto de ‘seguridad nacional’ para mantener archivos bajo reserva y los costos excesivos para acceder a este tipo de información. Un ejemplo de esto son los expedientes de los accidentes en lo que perdieron la vida los secretarios Ramón Martín Huerta, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora.
Reveles señaló que la importancia que tiene para la opinión pública conocer las circunstancias en las que tres miembros del gabinete presidencial fallecieron; mientras que Sánchez Ley denunció que ella ya ha preguntado por estos documentos, los cuales tienen un costo mayor a los 160 mil pesos –cada uno- para ser abiertos.
Esta última también denunció las dificultades que las propias dependencias –como la FGR o el Consejo de la Judicatura- ponen al momento de copiar la información una vez abiertos los expedientes. Para mantener lejos de la atención del público dichos documentos, argumentan falta de equipo y de personal, obligando a los solicitantes a utilizar sus propios recursos.
Imagen: Canal 22
