Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara el amparo que comunidades indígenas de Puebla interpusieron en contra de la Ley Minera y, posteriormente, avalara por su constitucionalidad, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) lamentaron el fallo.
El abogado Xavier Martínez del CEMDA dijo que al negar la inconstitucionalidad la Ley Minera, la SCJN permitirá la continuación del modelo extractivista, el cual ha cometido ‘violencia estructural’ en contra de las comunidades indígenas del país.
En el mismo sentido, apuntó que está industria está interfiriendo con los derechos de los integrantes de estas poblaciones al territorio, agua, medio ambiente e identidad cultural.
“Nosotros planteamos que el corazón del sistema minero es la Ley Minera y es inconstitucional, porque no fue construida con los pueblos, los guardianes del territorio y el patrimonio biocultural. Pero se confirmó un sistema que discrimina pueblos y violenta a la naturaleza, por lo que se seguirán agravando y escalando los conflictos socioambientales que hemos visto en el país. Los pueblos seguirán saliendo en defensa de su territorio y entonces el Poder Judicial se seguirá llenando de amparos”.
Por lo anterior, Xavier Martínez calificó el fallo de la SCJN como ‘penoso y ominoso’, ya que los artículos 6, 7, 10, 13, 13 BIS, 15 y 19 de la Ley Minera permitirán que la compañías mineras continúen explotando la tierra y los recursos como el agua superficial y subterránea que le pertenece a la comunidad Maseual, de la Sierra Norte de Puebla, así como a otros pueblos indígenas en el país.
Agregó que la decisión de la SCJN también implica que se seguirán otorgando concesiones a empresas mineras por otros 50 años o más.
La SEMARNAT coincidió con el CEMDA, pues consideró que la Ley Minera de México viola el derecho de autodeterminación de los pueblos, así como el control de sus recursos naturales.
En un comunicado, la dependencia señaló:
“La SEMARNAT manifiesta su preocupación por el resolutivo que niega conceder el amparo a los pobladores asentados en la Sierra Norte de Puebla que demandaba la inconstitucionalidad de diversos artículos que regulan el sistema de concesiones de la Ley Minera, ya que no consideran el deber de consultar a los pueblos originarios cuando puedan afectarse sus derechos e intereses”.
La dependencia que encabeza María Luisa Albores criticó la decisión de la SCJN ya que no se tomó en cuenta que la Ley Minera no obliga a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas para otorgar concesiones, lo cual es reconocido por el derecho internacional.
‘Dicha ley establece actos de autoridad que podrían afectar a los pueblos y comunidades indígenas, así como los hábitats y ecosistemas en los que se encuentran asentados’, agregó la dependencia en su comunicado.
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