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Jueces federales buscarán que reforma al Poder Judicial de AMLO preserve sus garantías

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) manifestó su preocupación de que la ley reglamentaria de la reforma constitucional al Poder Judicial remitida al Senado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasada vulnere sus garantías.

Por lo anterior, señaló que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, trabajaría junto con otras juzgadoras y juzgadores para revisar que las iniciativas de leyes reglamentarias de la reforma preserven sus garantías y promuevan la consolidación del PJF.

La asociación informó que se celebraron dos reuniones y se trabajó para buscar dentro de los márgenes de las iniciativas presentadas, los ajustes a su articulado que permitieran el cumplimiento de estándares internacionales en materia del procedimiento de responsabilidad administrativa, medidas cautelares, recursos, readscripciones, visitas extraordinarias y ratificaciones.

Pidió a los legisladores atender estas modificaciones, las cuales ‘le han dado un giro completo a la teleología y estructuración de las nueves leyes orgánicas al Poder Judicial de la Federación’.

A través de sus redes sociales, Arturo Zaldívar destacó la autonomía judicial con las reformas emprendidas por el Congreso de la Unión, por lo que buscará garantizar
que las y los jueces federales actúen con independencia.

“Que no haya duda. El CJF seguirá garantizando que las y los jueces federales actúen con independencia, autonomía y libertad. La independencia judicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia constitucional”.

La iniciativa enviada por AMLO al Congreso el pasado 17 de marzo incluye sanciones severas en el caso de jueces y magistrados que hayan incurrido en actos de nepotismo o corrupción, que van desde el retiro temporal del cargo a la inhabilitación hasta por 20 años, el retiro y la obligación de devolver dos veces la cantidad con la que se hubieran beneficiado ilegalmente.

Jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o cometido otras faltas administrativas graves tendrán la obligación de restituir los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero y deberán, además, pagar una indemnización si se provocaron daños y perjuicios a la hacienda pública federal, local o municipal o al patrimonio de los entes públicos.

En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

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