En entrevista con Meme Yamel, colaboradora de Sin Censura y directora de este portal, Aránzazu Alonso, integrante de la iniciativa ciudadana Pacto por la Primera Infancia, negó que exista duplicidad de funciones entre el el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En el mismo sentido, explicó que la extinción del SIPINNA o su adherencia al DIF Nacional, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representaría un enorme retroceso en términos de la lucha por defender, promover y reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El grupo poblacional que protege el SIPINNA representa casi 40 millones de personas, es decir, la tercera parte del país, y hasta hace muy poco tiempo eran solo considerados como sujetos de asistencia social, sujetos de tutela y no sujetos de derechos, algo que se logró gracias al trabajo de activistas que impulsaron una ley general de protección para las niñas, niños y adolescentes del país.
En lo que respecta a la estructura de este órgano autónomo, Aránzazu Alonso señaló que, a diferencia de los otros que también serán revisados por el Gobierno Federal, no es una sola institución, sino que está integrado por ocho secretarías de Estado, por los 32 gobernadores del país, tres órganos autónomos y ochos representantes de la sociedad civil; todo esto bajo la regencia del presidente de la República.
La coordinación, subrayó, está a cargo de una oficina pequeña dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob) y cuyo gasto no ha ascendido a más de 40 millones de pesos durante los últimos dos años.
La activista y experta en derechos de la primera infancia subrayó que mientras que el DIF brinda servicios y apoyos para asistir a los grupos de población más vulnerados y en abandono, el SIPINNA se encarga de implementar acciones contra el abuso sexual infantil, trabajo forzoso, acciones por la primera infancia, rediseñar entornos seguros, justicia penal adolescente, sistemas de información, monitoreo de cada gobierno y visibilizarían de problemáticas.
Por lo anterior, recalcó que el DIF ‘no puede ni debe sustituir al SIPINNA, pues no tiene mandato legal, capacidad técnica, ni el alcance del sistema de protección, que es coordinado.
“Las atribuciones del DIF es brindar asistencia social a la población cuyas condiciones físicas, mentales, económicas o sociales les impiden incorporarse de manera adecuada al Bienestar. Así es como está definida la asistencia social. Y ahí están considerados, por ejemplo, niñas, niños en situación de orfandad, mujeres en situación de violencia, personas en situación de discapacidad, adultos mayores en condición de pobreza. Es decir, el sistema DIF, a diferencia de lo que normalmente pensamos, no es una institución que trabaja para los niños, adolescentes en su conjunto, sino para el universo de personas desde esta mirada de asistencia social”.
En contraste, el SIPINNA coordina y articula a todas las secretarías del estado a nivel federal, estatal y municipal para diseñar e impulsar políticas públicas para garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes sus derechos, tanto reconocidos en la Constitución como en la ley general.
‘El DIF y el SIPINNA no tienen mandatos similares, no tienen un origen similar, no tienen una visión similar’, enfatizó Aránzazu Alonso.
Entre los logros más importantes del SIPINNA, la experta destacó dos:
- Diseño de la estrategia nacional de atención a la primera infancia, primera política para garantizar los derechos a los niños del país
- Diseño de la estrategia de prevención del embarazo adolescente, que requirió la acción de distintos actores de distintos órdenes de gobierno
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