Durante las últimas horas, usuarios de redes sociales han denunciado una propuesta que ha sido extendida a través de las mismas, en la cual se invita a facturar cualquier gasto en efectivo a nombre de Andrés Manuel López Obrador, para que este sea perseguido por las autoridades fiscales por no poder comprobar dichos egresos.
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A través de diversos medios como Facebook y Twitter, los adversarios del mandatario están invitando a solicitar facturas por todo tipo de conceptos con una clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que presuntamente correspondería a la del tabasqueño. Incluso se dieron a la labor de investigar su actual domicilio para hacerle llegar estos documentos.
https://twitter.com/alfangelm1/status/1216386428428521474
Parece ser que la idea original para llevar a cabo este supuesto ‘boicot fiscal’ fue propuesta por Gilberto Lozano, empresario regiomontano que encabeza el Congreso Nacional Ciudadano (CNC). Este personaje se dio a conocer hace unas semanas por intentar invitar a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de estado en contra del presidente.
A través de un video subido a su canal de YouTube, Lozano asegura que esto es en protesta por no derogar la Ley de Extinción de Dominio, porque presuntamente esta servirá para perseguir a aquellos que incurran en discrepancia fiscal y arrebatarles sus bienes; a pesar de que dicha legislación solo aplica para delitos graves de índole federal, como lavado de dinero, narcotráfico o corrupción.
Además, esta práctica es ilegal de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, la cual establece sanciones de tres a nueve años de prisión, así como el pago de una multa que puede alcanzar las 300 mil Unidades de Medida Administrativa (26 millones de pesos) para todos aquellos que incurran en la suplantación de identidad de un funcionario público, con base en lo establecido en el Artículo 112, párrafos Sextus y Séptimus.
Finalmente, cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó tipificar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada el pasado mes de octubre. Esta medida, que fue rechazada por los partidos de oposición y los organismos empresariales, convierte en delito grave esta práctica; por lo que la Ley de Extinción de Dominio sí se aplicaría a quienes cometan esta falta.
Con información de Revolución 3.0 y Ley de Instituciones de Crédito
Imagen: ESPECIAL
