Una de las mayores críticas a la desaparición de 109 fideicomisos federales es la relacionada con el Fondo de Ciencia y Tecnología, el cual incluía el presupuesto que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) destinaba a la financiación de becas y proyectos.
Durante una conferencia de prensa, la actual directora de la dependencia reveló que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, sucedió un extraño fenómeno: mientras que la inversión en desarrollo tecnológico se incrementó, la eficiencia en la aplicación de la misma descendió de manera significativa.
En aquella comparecencia, la funcionaria denunció que los anteriores titulares de Conacyt se dedicaron a financiar a miles de empresas privadas utilizando recursos públicos. Una investigación, realizada por el portal periodístico Contralínea, reveló la manera en la que se desarrollaron estos esquemas.
A través de los mecanismos de mediación entre científicos y el sector empresarial, llamados Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT) u Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC), varios funcionarios, coludidos con la iniciativa privada, iniciaron sus propias empresas para, en nombre de terceros, gestionar la entrega de recursos del erario público.
Hasta el sexenio pasado, el @Conacyt_MX fue utilizado por sus directivos como un negocio para realizar transferencias millonarias al sector privado. https://t.co/cC14GScnJn
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— Contralínea (@contralinea) October 9, 2020
Un ejemplo de esto es el Centro Lavín para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica Inno-ba, constituido en 2011 por los investigadores Karla Cedeño, Antonio del Río Portilla (ambos del Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Morelos), Manuel Martínez Fernández y el empresario Luis Martínez Lavín.
En 2013, la institución, cuyo objetivo es la gestión de recursos federales para innovación, comenzó a negociar –para terceros, pero usando su nombre- apoyos federales para ciencia y tecnología. En esa misma época, la doctora Julia Tagüeña, esposa de Martínez, se convirtió en directora adjunta de Investigación Científica de Conacyt.
Pese a que esto representa un claro conflicto de intereses, el Centro Lavín tuvo acceso a 19.6 millones de pesos tan solo entre 2013 y 2015. Un beneficiario de la gestión del Centro Lavín relata que apenas una semana después de reunirse con un empresario, Cedeño ya estaba gestionando los recursos, por un monto mayor al solicitado.
En 2016, la empresa solicitó fondos para financiar hasta catorce proyectos de investigación, cuyo monto mínimo hubiese sido de 31 millones de pesos. Sin embargo, gracias a la intermediación de esta, el total recibido por parte del Conacyt ascendió hasta 51 millones de pesos.
Con información de Contralínea.
Imagen: La Silla Rota
