Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se creó un programa cuya finalidad era impulsar y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el sector público; sin embargo, dicha iniciativa presentó todo tipo de irregularidades, incluyendo presupuesto utilizado en mobiliario que no aparece.
Dicha iniciativa fue aplicada a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG), cuya operación corrió a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). No obstante, el análisis de la Cuenta Pública 2018, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló las inconsistencias en el manejo del presupuesto.
Este programa fue diseñado para trabajar con todos los niveles de gobierno en el diseño de políticas que promovieran la participación de las mujeres en el sector público y funcionaba en tres niveles: el I estaba enfocado en los gobiernos estatales, el II en los municipios, mientras que el III estaba encargado de la operación de los Centros de Desarrollo de las Mujeres en los municipios de las 32 entidades.
Sin embargo, la fiscalización que la ASF realizó, tanto a Inmujeres como a los gobiernos de Oaxaca, Jalisco y Estado de México; arrojó que se realizaron gastos sin facturas, se llevaron a cabo menos programas de los previstos, se realizó propaganda ajena al programa y se adquirió mobiliario que aún no aparece con los 327 millones de pesos que fueron asignados para este fin.
El dinero que EPN dio a inclusión de mujeres fue a muebles que no hallan y gastos sin facturar: ASF https://t.co/jRaSteNKhD pic.twitter.com/8TZ5USjzsF
— SinEmbargo (@SinEmbargoMX) March 4, 2020
La auditoría al Instituto Nacional de las Mujeres detectó que, de los mil 29 proyectos que fueron presentados durante el último año del gobierno priista, tan solo fueron aceptados 583, poco más de la mitad. De estos, 32 corresponden a la modalidad I, 520 a la modalidad II y tan solo 31 para el nivel III del programa.
En la modalidad II ni siquiera se llevaron a cabo la totalidad de las iniciativas aceptadas. Ocho de los 520 proyectos no obtuvieron recursos por ‘deficiencias presupuestales’, mientras que otros 19 terminaron por ser cancelados; algunos por dificultades para completar los requisitos finales y otros por decisión propia.
Las indagatorias que la Auditoría realizó en el Estado de México revelaron que la entidad no reintegró 101 mil 526 pesos al erario federal, procedentes de los rendimientos generados por la cuenta bancaria que el gobierno estatal creó para dicho fin.
También se detectaron anomalías en la documentación para la comprobación de gastos, ya que las facturas presentadas no contenían los sellos requeridos, o estos no tenían la fecha ni el ejercicio en el que se efectuaron las erogaciones. Además, también se descubrió la adquisición de lonas y folletos que no cumplían con la normativa del programa.
En el caso de Jalisco, la transferencia de recursos al Instituto Jalisciense de la Mujer se realizó a la cuenta particular de la modalidad II, a pesar de que los tres niveles contaban con cuenta propia. Además, los documentos de las modalidades I y III no cuentan con los sellos de cancelación y se desconoce la ubicación de tres equipos portátiles de cómputo, con un valor de 38 mil pesos.
Finalmente, la ASF detectó irregularidades en la adjudicación directa de licitaciones, al igual que en Jalisco. También se hallaron anomalías en el inventario de mobiliario, que incluyó nueve sillas y dos libreros en las bodegas de la institución, los cuales no fueron incluidos entre los bienes de la misma.
Con información de Sin Embargo.
Imagen: ESPECIAL
