Luego de que el periodista Julio Astillero encarara al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a la presentadora de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana durante la mañanera de este miércoles, el comunicador presentó en su canal de YouTube las evidencias que no pudieron entrar a la conferencia.
Cabe recordar que Julio Astillero acudió a la mañanera de López Obrador con las diapositivas del caso, sin embargo no pudo mostrarlas debido a que no obtuvo respuesta por parte de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia. Así lo hizo para sostener sus dichos sobre el supuesto despojo ‘de cuello blanco’ que estaría operando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en beneficio de inmobiliarios particulares.
Por lo anterior, presentó una serie de documentos y videos en su canal de YouTube. Para probar que el proyecto se estaba planeando y preparando desde hace años, Astillero mostró un video corto de agosto de 2019, en el que se observa cómo Carlos López Medina, el empresario promotor del proyecto Las Cañadas, asegura que las mil 805 hectáreas en disputa son ‘el mejor terreno para construir el desarrollo’ en cuestión.
En otro material audiovisual filmado en mayo de 2019, se ve al presidente López Obrador firmando un documento en el que se expresaba un rotundo rechazo al proyecto inmobiliario de Carlos López Medina que afectaría a la sierra de San Miguelito.
Entre los documentos presentados por Julio Astillero se encuentra el pago por 23 mil 860 pesos que se hizo a los comuneros, considerándolos ‘socios’ del proyecto inmobiliario, así como una promesa financiera por otros 59 mil 701 pesos.
“Estos pagos se hicieron con la intención de garantizar que los comuneros votaran a favor de lo que indicaran los empresarios. Un peritaje señala que los terrenos en cuestión costarían entre 60 y 80 pesos por metro cuadrado y, tras una eventual urbanización, se venderían entre 15 mil y 20 mil pesos por metro cuadrado”.
En el mismo sentido, Julio Astillero presentó un documento reciente emitido por el banco BanBajío, donde se establece una cláusula de secrecía para que no se pueda brindar ninguna información sobre este tipo de contratos firmados por los comuneros.
“Se les dice que, si se cae el negocio, ellos tendrán que devolver los adelantos económicos que ya les hubieran entregado”.
De igual forma, se exhibió una evidencia documental en la que la directora general jurídica y de representación agraria de la Procuraduría Agraria, Alejandrina Gámez Rey, emite opinión negativa respecto a si pueden existir alianzas inmobiliarias con comuneros.
“En el documento, se aprecia que la funcionaria señala que el objetivo de las asociaciones entre empresarios y comuneros es el de atender cuestiones de proyectos agropecuarios, promoción, distribución agrícola, pero no incluye el ámbito inmobiliario”.
Para probar que las autoridades ya estaban enteradas de que las mil 805 hectáreas serían reservadas para el desarrollo urbano y que no serían incluidas en la Área Natural Protegida, Julio Astillero exhibió un oficio firmado por el director general de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas (CONANP), César Sánchez Ibarra, en el que se establece que ‘se respetarán mil 805 hectáreas al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto presentado en el citado aviso’.
Entre otras de las evidencias se mostró un documento en el que los activistas del Frente Amplio Opositor reiteran y confirman los dichos de Julio Astillero:
“Lo que dijo el periodista Julio Hernández no es mentira. Nosotros reiteramos su dicho: ‘el acto de barbarie que se hizo en Cerro de San Pedro y ahora se pretende con la Sierra de San Miguelito es exactamente igual'”.
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