Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se está trabajando en un ‘Decreto de Política Carcelaria’ para resolver la situación jurídica de presos que aún no han sido sentenciados, adultos mayores detenidos y víctimas de tortura durante las investigaciones.
Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y por el subsecretario Alejandro Encinas, el mandatario informó acerca de esta propuesta, que busca resolver uno de los grandes asuntos pendientes en la administración de justicia, que es la situación de personas que no tuvieron acceso a un proceso penal expedito y apegado a la ley.
De acuerdo con el tabasqueño, este decreto incluiría a cuatro grupos diferentes de internos, quienes podrían continuar su proceso bajo la figura de arresto domiciliario. El primer grupo estaría compuesto por personas que hayan sido detenidas por delitos –no violentos- del fuero federal que lleven más de diez años sin que se les haya dictado sentencia.
En segundo lugar se encuentran los reos mayores de 75 años de edad detenidos por delitos no violentos –también de persecución federal- y, posteriormente, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, los cuales serán evaluados por la Secretaría de Gobernación.
Finalmente, todos aquellos reclusos de cárceles federales que hayan sido víctimas de tortura durante sus procedimientos –comprobada a través de la aplicación del Protocolo de Estambul- también podrán acogerse a este decreto, cuya elaboración se dará en los próximos días y que se espera que entre en vigor antes del 15 de septiembre.
López Obrador reconoció que, pese al avance que su propuesta representaría, otro de los grandes problemas en la ejecución de la justicia en México es el relacionado con las personas que están detenidas sin sentencia por delitos del fuero común, quienes representan el 87 por ciento de personas que siguen en prisión sin haber sido procesada.
De acuerdo con unas graficas presentadas por Sánchez Cordero, la población carcelaria que se mantiene detenida sin sentencia representa el 43 por ciento (94 mil 567 personas) de total a nivel nacional. De estas, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal (13 por ciento) y las otras 82 mil 189 por crímenes del fuero común.
Durante su intervención, la funcionaria destacó los casos de los adultos mayores que se verían beneficiados por este decreto, así como los de las víctimas de tortura, asegurando que el Protocolo de Estambul es un método muy seguro para comprobar las violaciones a derechos humanos contra los indiciados.
Con información del Gobierno de México:
Imagen: La Jornada
