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Sheinbaum ofrece al INE espacios en transporte público para promocionar consulta contra expresidentes

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el gobierno de la capital le ofreció espacios publicitarios al Instituto Nacional Electoral (INE) para promocionar la consulta sobre el juicio a expresidentes que se celebrará el próximo 1 de agosto.

Durante una conferencia de prensa, la titular de Ejecutivo local fue cuestionada sobre la aprobación de más de 377 mil spots para promocionar este ejercicio democrático, cuál es la posición de su administración al respecto y se hubo un acercamiento al órgano electoral para dar difusión al mismo.

Sheinbaum aprovechó que aún no entra en vigor la veda para servidores públicos para invitar a la ciudadanía a participar en la consulta –la primera de este tipo en la historia- y recordó que, a pesar de que la mayoría de los espacios publicitarios en el transporte público están concesionados, el gobierno aún conserva cierto porcentaje de ellos.

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Por ello –agregó- ya se contactó al INE para ofrecerles la posibilidad de que aproveche dichos espacios para promover este ejercicio ciudadano de manera gratuita y que la difusión sea mucho mayor. Tan solo tienen que ponerse en contacto con su administración para facilitar el uso de los mismos.

El proceso para que se realice una consulta para encarcelar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto comenzó en agosto de 2020, cuando los activistas Ariadna Bahena y Omar García acudieron ante el Senado para que aprobara su solicitud ciudadana.

Una vez que esto sucedió, se les otorgó un plazo de dos semanas para conseguir 1.8 millones de firmas -2 por ciento del padrón electoral-, logrando rebasar los 2 millones para el 15 de septiembre. Una vez que las rúbricas fueron validadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad del ejercicio el 1 de octubre.

Sin embargo, el máximo tribunal cambió la pregunta de la boleta para que no solo se incluya a los exmandatarios, sino a cualquier funcionario público que haya cometido algún delito durante su servicio público.

Con la justificación de la realización de la consulta, el INE solicitó una ampliación de mil 500 millones de pesos a su presupuesto de 2021. Al ser rechazada su solicitud, solo se instalará un tercio de las casillas de la última elección, pese a que se requiere el 40 por ciento de participación ciudadana para que el ejercicio sea vinculante.

Por estas circunstancias y la poca voluntad mostrada por el instituto para organizar y promocionar la consulta, activistas, periodistas y políticos han denunciado que este estaría intentando boicotear el evento.

Con información de Capital 21.

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