Ante las irregularidades presentadas durante la votación de un nuevo contrato colectivo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suspendió los sufragios y presentó una denuncia penal en contra de un sindicato afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Se trata del Sindicato Miguel Trujillo López, al cual pertenecen los empleados de la fábrica de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato. De acuerdo con las autoridades laborales, los propios trabajadores denunciaron amenazas e intento de extorsión; así como la manipulación de las urnas que contenían sus votos.
La propia STPS registró en su informe que en el primer día de votaciones -20 de abril- participaron3 mil 435 de los 6 mil 494 que la agrupación gremial registró para participar en la consulta, en la que decidiría la permanencia o cambio del contrato colectivo de trabajo, en el marco del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, durante los últimos dos días de votaciones se registraron una serie de incidentes que obligó a las autoridades a suspender la votación. Entre las anomalías reportadas por los trabajadores se encuentra el hostigamiento para apoyar al sindicato por parte de los supervisores de línea de la fábrica.
En el arranque de la votación para legitimar el contrato colectivo de trabajo en General Motors Silao, el sindicato Miguel Trujillo López cierra el paso a visores autorizados por la Secretaría del Trabajo y a los medios. #Lee la nota de @amerinolubetzky https://t.co/5vS9JGf291 pic.twitter.com/4VJm9MHJ7d
— POPLabMx (@poplabmx) April 21, 2021
Otros relatan que les fueron ofrecidos hasta 200 pesos a cambio de su voto y unos más fueron despedidos durante la jornada electoral. También han señalado a la supervisora de Recursos Humanos de la empresa, Dora Luz Lara Navarro, por limitar la participación y seleccionar solo a un pequeño número de trabajadores para que acudieran a votar.
Tras la intervención de la STPS, varios trabajadores se acercaron a las oficinas sindicales para preguntar el motivo por el cual se habían suspendido las votaciones; sin embargo, al llegar ahí las oficinas estaban cerradas. Posteriormente hubo reportes de que los representantes se encontraban ahí destruyendo las boletas que ya habían sido entregadas.
De igual manera se denunció la introducción de nuevas urnas, con boletas llenadas de antemano, que contenían cientos de votos en favor de que se mantenga el contrato vigente y la representación del Sindicato Miguel Trujillo López como representante de los trabajadores de GM Silao.
Organizaciones como el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) o Generando Movimiento se dieron cita para supervisar que las votaciones transcurrieran sin incidentes. Sin embargo, la agrupación gremial evitó la presencia de observadores electorales, negándoles el acceso a las instalaciones.
Esto fue denunciado por Patricia Juan Mercado, abogada del CILAS y asesora de Generando Movimiento, quien relató que retuvieron su acceso durante un cuarto de hora antes de notificarle que no la dejarían ingresar y acusó al líder sindical, Tereso Medina Ramírez, de haber dado esa orden.
Patricia Juan considera que el sindicato –y la empresa- se vio obligado a recurrir al fraude electoral debido a que se hizo evidente en las urnas que los trabajadores ya no quieren ser representados por ellos y destacó la organización de estos últimos, quienes no solo se infrmaron para emitir su voto, sino que también se organizaron para defenderlo.
Por ello, la Secretaría del Trabajo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues se trata de una vulneración grave de los derechos de los trabajadores. La agrupación sindical, por su parte, también interpuso una denuncia, debido a que las autoridades no encontraron garantías de seguridad y certeza.
La abogada del CILAS asegura que lo ocurrido en Silao está siendo replicado en otros lugares, especialmente en aquellos en los que la supervisión federal es limitada o nula; pese a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que se terminarán los actos de corrupción y se promoverá la libertad sindical.
Con información de POP LAB.
Imagen: ESPECIAL
