En su propuesta para elaborar una nueva Constitución para el estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García habría incluido una legislación que pretende imponer multas económicas e incluso cárcel para aquellas personas que critiquen su investidura, incluso en las redes sociales.
El artículo 135 de la nueva legislación, la cual ya fue aprobada en una primera instancia por el Congreso de la entidad, refiere que todas aquellas personas que desobedezcan las indicaciones del mandatario o le ‘falten al debido respeto’ –inclusive en el ciberespacio- se harán acreedores de multas económicas o una pena de hasta 36 horas de prisión.
La inclusión de este polémico apartado provocó una ola de reacciones negativas contra García Sepúlveda, quien tuvo que recurrir a las redes sociales para aclarar que la propuesta solo es aplicable a funcionarios públicos que incurran en estas ‘faltas administrativas’ y que en ningún momento es su intención limitar la libertad de expresión.
La Constitución es clara al señalar que las multas son solo para faltas administrativas y NO, NUNCA, para la libertad de expresión. Además, eso ya está en la Constitución actual y en todo ordenamiento para autoridades administrativas.
— Samuel García (@samuel_garcias) April 5, 2022
En el mismo hilo aprovechó para presumir que su propuesta inicial ya fue aprobada por los legisladores nuevoleoneses en una primera instancia. Sin embargo, ahora toca que el texto original pase por otras revisiones, la realización de consultas ciudadanas y una segunda votación antes de que sea aprobada de forma definitiva.
MC y la libertad de expresión
El artículo incluido en la propuesta de texto constitucional de Samuel García contrasta con la postura adoptada por el dirigente nacional de su partido Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Ranauro, quien incluso promovió la desaparición de poderes en el estado de Veracruz por un tema supuestamente similar.
Cabe recordar que, tras la detención de José Manuel del Río Virgen, Delgado y Ricardo Monreal procedieron a la creación –ilegal- de una comisión especial del Senado para buscar el desafuero del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Según ambos, esta comisión investigaría un gran número de violaciones a derechos humanos, incluyendo un puñado de detenciones por ‘ofensas a la autoridad’.
Sin embargo, es más consecuente con la postura adoptada por otros gobernadores emanados del partido naranja, como Enrique Alfaro, quien no solo ha dado indicaciones a sus funcionarios de no responder preguntas durante eventos públicos, sino que también ha presionado a medios de comunicación para despedir a periodistas críticos, como pasó con MVS Occidente.
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