Dentro de la estrategia de justicia social de gobierno federal, existe una instancia de la que se ha hablado muy poco pese a la importancia que tiene en el manejo de causas vinculadas a excarcelaciones por irregularidades en los procesos de los detenidos: la Unidad Técnica de Apoyo Al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.
Por este motivo, nuestra directora editorial entrevistó a quien, hasta hace un par de semanas, estaba a cargo de esta dependencia, Paulina Téllez Martínez, quien, de manera extensa, explicó la forma en la que funciona este mecanismo, los resultados que se han obtenido hasta el momento y discutió algunos de los casos más emblemáticos que llevan.
Sobre el funcionamiento de dicha oficina, señaló que su objetivo principal es auxiliar al Poder Judicial en la identificación de casos de personas que hayan sido detenidas de manera injusta o en casos en los que hayan existido violaciones al debido proceso de las personas; sin embargo, especificó que, al final, la última palabra está en manos de los tribunales, pues son estos los que juzgan.
Por indicaciones de la exsecretaria Olga Sánchez Cordero, se establecieron dos líneas principales: la primera de ellas está destinada a la atención hacia mujeres víctimas de violencia y personas de origen indígena. La segunda está especializada en garantizar la protección de personas que, por algún motivo, se encuentren en una situación de riesgo.
Por el otro lado se encuentran las Mesas de Justicia y Seguridad. De acuerdo con Téllez, los resultados de estas son mucho más difíciles de cuantificar, debido a que no solo tratan asuntos de excarcelaciones, sino que intervienen en ámbitos tan amplios como familiares, laborales, mercantiles e incluso divorcios.
El proceso para quienes acudan ante la Segob para recibir apoyo por parte de esta oficina es presentarse físicamente para que se tomen sus datos; posteriormente se les convoca a una reunión para escuchar sus casos, que presenten sus documentos y determinar una ruta de apoyo que, finalmente, será determinada por el propio solicitante.
La funcionaria señaló que uno de los mayores éxitos que se han logrado en la Unidad Técnica fue la elaboración de un ‘Manual de Preliberación’ destinado a los centros penitenciarios para que estos seleccionaran a los reos que, por edad o condiciones prexistentes de salud, tuvieran un factor de riesgo más elevado durante la pandemia de COVID-19, el cual se compartió con autoridades de otros países.
En los casos de quejas en contra de los defensores públicos, considera que el problema no se encuentra en la capacitación –que la unidad otorga- sino en la disponibilidad, señalando que hay litigantes que pueden llevar hasta mil 500 casos y que hay una entidad federativa que está haciendo uso de 58 de estos juristas.
Sobre el decreto de amnistía anunciado por el presidente Andres Manuel López Obrador hace unos meses, señaló que hubo una especie de confusión, pues mucha gente lo entendió como un indulto general; sin embargo, recordó que delitos de alto impacto, como homicidio o secuestro, no califican para este recurso.
En otros casos, los reos los contactaron sin enviar información sobre sus casos o acerca de las irregularidades en sus procesos; mientras que existen algunos que, aunque no califican para el decreto de amnistía, si pueden ser resueltos a través de las Mesas de Justicia, por lo que se canalizan ahí.
En reiteradas ocasiones, Paulina Téllez señaló que, contrario a lo que algunas personas piensan, la Unidad Técnica no se encarga directamente de liberar a las personas, sino que se trata de una oficina de acompañamiento, pues las decisiones en los casos las toman los afectados y sus defensores y, en el caso de las liberaciones, estas corresponden al Poder Judicial.
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
Imagen: Información Center
