El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador y a la Cámara de Diputados por no disponer –presuntamente- de los recursos suficientes para llevar a cabo la consulta para enjuiciar a expresidentes y actores políticos del pasado.
El funcionario apareció como invitado en el programa que Carlos Loret de Mola conduce para LatinUs, el cual se difunde a través de las plataformas digitales de dicho medio. Ahí, se deslindó de la responsabilidad de organizar adecuadamente dicho ejercicio, repartiendo culpas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Adoptando una postura poco profesional, el comunicador preguntó al funcionario electoral qué sucederá con la consulta popular para investigar y enjuiciar a figuras políticas de gobiernos anteriores poniendo en duda el interés del público en el caso y afirmando que ‘no es importante’ exhibir la corrupción pasada.
Después de que el presentador preguntó si se volverá a llevar a cabo toda la organización del evento, tal como sucedió en las elecciones del pasado domingo, Córdova respondió que no, debido a que el Instituto no cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo un ejercicio de la misma magnitud en tan poco tiempo.
El motivo principal –afirmó- es que el INE ya había entregado su propuesta de presupuesto cuando el mandatario propuso la realización de la consulta, por lo que le solicitaron una ampliación en los recursos de este año, hecho al cual se negó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentando que había otras prioridades.
Ante esta negativa, acudieron ante la Cámara de Diputados para buscar la ampliación que permitiera financiar el ejercicio que se llevará a cabo en agosto; pero no hubo discusiones adicionales respecto al Instituto cuando dicho órgano sesionó para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.
Por ello, el consejero aseguró que los ahorros de la dependencia –obtenidos a través de la licitación de servicios- solo alcanzan para la instalación de 50 mil casillas de votación, una tercera parte de las que se colocaron para las elecciones federales del pasado 6 de junio; además, están proponiendo a los funcionarios de casilla para ver si quieren repetir sus cargos en la consulta popular.
Finalmente, afirmó que espera que esta experiencia sirva como lección en caso de que el Poder Legislativo pretenda solicitar otro ejercicio de este tipo, como podría ser la revocación de mandato del presidente –con implicaciones mucho más serias- para que entonces sí otorgue los recursos necesarios.
Con información de LatinUs.
Imagen: Universidad de Colima
