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Juan Collado recibe segunda imputación por tráfico de influencias

Este sábado se dio a conocer que Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y otros políticos, recibió una segunda imputación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). En esta ocasión, se le acusa de tráfico de influencias, relacionado con una cuenta en Andorra.

El litigante es señalado por haber utilizado su relación con el coordinador de Investigación de la extinta Procuraduría (PGR), Alberto Manuel Alcántara Martínez, para archivar una carpeta en su contra, en la que se analizaba un caso de lavado de dinero. Además, también lo ayudó a intentar descongelar una cuenta con 76.5 millones de euros en Andorra.

Este es un duro golpe para la defensa de Collado, la cual consiguió postergar una audiencia el miércoles pasado, en la que la FGR iba a presentar una acusación por defraudación fiscal. Además, también están trabajando para conseguir que el cargo de delincuencia organizada, que le fue imputado previamente, sea recalificado para que continúe su proceso en libertad.

El abogado se encuentra bajo prisión preventiva desde el 10 de julio de 2019, cuando fue detenido por irregularidades en la adquisición de un terreno en el estado de Querétaro. Collado es acusado de haber usurpado la identidad de los propietarios del inmueble para venderlo a su propia empresa, Libertad Servicios Financieros.

Esta operación simulada tuvo un valor de 156 millones de pesos, de los cuales 24 habrían sido transferidos directamente al señalado. De acuerdo con el demandante, un directivo de la empresa le sugirió que desistiera de la demanda, debido a que entre los socios de la empresa se encuentran los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Además de todos estos expedientes, Juan Collado también es investigado por el gobierno de Andorra, debido a que no pudo comprobar el origen de los 120 millones de euros que tiene en bancos de aquella nación. Además, le fueron detectados 4.4 millones de dólares pagados por el gobierno del Estado de México a empresas fantasma que recibieron contratos públicos.

Con información de Diario de Yucatán.

Imagen: Sin Embargo

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