La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó toda una red de lavado de dinero en torno al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna gracias a una transferencia de 10 millones de dólares.
El titular de dicha dependencia, Pablo Gómez Álvarez, compareció para hablar sobre el juicio civil que el gobierno mexicano persigue contra el colaborador de Felipe Calderón en el estado de Florida y otras cinco personas, incluyendo a su esposa y socios, por los posibles delitos de lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada.
De acuerdo con la UIF, García Luna y su círculo cercano extrajeron hasta 745.8 millones de dólares del erario público a través de una red de 30 empresas, las cuales obtuvieron 40 contratos con diversas instancias de seguridad para, posteriormente, transferirlos a países señalados como paraísos fiscales.
Una vez triangulados, el exfuncionario y sus allegados utilizaron estos recursos para la adquisición bienes muebles, inmuebles y otros activos, con el objetivo de no dejar rastros, entre los que destacan 42 automóviles de lujo, de marcas como Lamborghini, Maserati o Ferrari.
Entre los involucrados están Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna; su socio Samuel Weinberg López, su esposa Silvia Pinto y el hijo de ambos, Alexis Weinberg. Los Weinberg, una familia mexicana radicada en Miami, participaron con el exsecretario en las diversas empresas que montó tras su salida del gobierno federal en 2012.
Gómez también indicó que la UIF detectó la existencia de esta red de corrupción gracias a una transferencia de 10 millones de dólares. Sin embargo, las cuentas de estas empresas en el sistema financiero mexicano prácticamente no tenían fondos, por lo que acudieron a la justicia estadounidense para recuperar dichos activos.
Con información del Gobierno de México.
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