La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario Luis Videgaray y a panista Ricardo Anaya Cortés como integrantes de una organización delictiva que llegó a manejar cerca de 100 millones de pesos en sobornos para la aprobación de la Reforma Energética.
Durante las primeras audiencias del juicio en contra de Jorge Luis Lavalle Maury a comienzos de abril, la dependencia señaló formalmente al exmandatario, a su titular de Hacienda y a un grupo de legisladores como integrantes de una red que se benefició del dinero proveniente de la constructora Odebrecht para entregar los recursos de la nación a particulares extranjeros.
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, por su parte, consideró que existen pruebas suficientes para validar los argumentos presentados por la FGR, por lo que se espera que dicha instancia prepare las acusaciones en contra de los demás integrantes de dicha organización durante los próximos meses.
Además de Peña y Videgaray, los integrantes de esta asociación serían David Penchyna Grub (PRI), Ernesto Cordero Arroyo, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y el propio Lavalle Maury; estos últimos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el Poder Legislativo.
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La carpeta del caso se construyó con cuatro declaraciones por parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –hasta ahora solo se conocía una– y de otros cuatro testigos que estuvieron vinculados a la entrega del dinero, así como declaraciones de ejecutivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y hasta un video.
Hasta el momento, solo Jorge Luis Lavalle ha sido vinculado a proceso por su participación en este esquema de corrupción; sin embargo, este jugaba un papel fundamental en la trama, no solo por formar parte de la Comisión de Energía del Senado, sino porque la recepción de los recursos se hacía a través de un colaborador suyo.
Se trataba de Rafael Caraveo Opengo, entonces secretario técnico de Administración de la Cámara Alta, quien en noviembre pasado admitió haber participado hasta en quince entregas de maletas llenas de dinero. Sin embargo, en aquel momento aseguró desconocer que se trataba de un acto de corrupción, pues no conocía el destino final de estos fondos.
Estas entregas, las cuales se realizaron entre abril de 2013 y agosto de 2014, permitieron que Peña y Videgaray –a través de Lozoya- movieran 97.1 millones de pesos provenientes de los sobornos de Odebrecht, para que los legisladores de Acción Nacional aprobaran la Reforma Energética que permitiría la liberalización de los recursos naturales de la nación.
Con información de Animal Político.
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