Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que entregará un escrito al Senado de la República, para solicitar formalmente al Poder Legislativo llevar a cabo las reformas necesarias para realizar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que hayan incurrido en delitos.
Durante su conferencia de prensa de este martes, el mandatario reconoció la labor realizada por un grupo de ciudadanos, cuya fecha límite es hoy, para reunir los dos millones de firmas necesarias para llevar ante la justicia a los extitulares del Ejectutivo y que la carta que enviará a la Cámara Alta es para respaldar la iniciativa.
El pueblo tiene, en todo momento, el derecho de modificar la forma de su gobierno. Conferencia matutina. https://t.co/AdDFc8ANQR
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 15, 2020
En la misiva, la cual leyó durante su comparecencia matutina ante los medios de comunicación, expuso las razones por las cuales solicita que se lleve a cabo dicho ejercicio. En primer lugar señaló la corrupción, el quebranto al erario público, las violaciones a derechos humanos, el incremento de la violencia y la impunidad –entre otros- como características del ‘periodo neoliberal’ (1988-2018).
También señaló que estas situaciones no fueron fortuitas, sino que tuvieron el visto bueno de la clase política, incluyendo al Poder Ejecutivo. Esto dio como consecuencia miles de personas asesinadas y desaparecidas, la reducción de derechos, el incremento en las desigualdades, la descomposición social, el acoso a las comunidades indígenas y el deterioro de las instituciones.
A Carlos Salinas de Gortari lo acusó de haber llegado al cargo mediante fraude y de haber beneficiado solo a un puñado de personas a través de la privatización de recursos del Estado. A su sucesor, Ernesto Zedillo, lo señaló por haber avalado el rescate bancario con dinero público y por condicionar al país con el pago de la deuda del Fobaproa, el cual ya rebasa los 2 billones de pesos.
En el caso de Vicente Fox, lo responsabilizó por aprovechar su cargo e intervenir en el desarrollo de las elecciones de 2006, hecho reconocido por el panista posteriormente; mientras que a Felipe Calderón lo señaló por su estrategia de seguridad, la cual se tradujo en el incremento de la violencia, así como por los nexos criminales del encargado de llevarla a cabo: Genaro García Luna.
Finalmente, a Enrique Peña Nieto le achacó las grandes sumas de dinero recibidas para su campaña, las cuales nunca fueron investigadas por las autoridades electorales y que, tras las declaraciones de Emilio Lozoya, parecen estar vinculadas a la red internacional de sobornos establecida por la constructora brasileña Odebrecht.
Debido a todas estas situaciones, refiere que su administración ha recibido el esclarecimiento de estos y otros delitos desde el día en que asumió el cargo. Sin embargo, los candados establecidos por la legislación vigente impiden que los expresidentes sean investigados de manera directa por las autoridades.
Por ello, apoyará la petición ciudadana de llevar a los mandatarios anteriores ante los juzgados y propone al Senado que la pregunta realizada sea la siguiente:
¿Está de acuerdo o no en que las autoridades competentes, con apego a las leyes y los procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante o después de sus respectivas gestiones?
El documento fue firmado por el mandatario, quien estuvo acompañado del consejero jurídico de la Oficina de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien fue el responsable de entregar la carta en el Senado, en donde fue recibida por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de dicha Cámara.
Con información del Gobierno de México.
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