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Más de 150 ONG buscan que FGR atraiga caso de calcinados en Camargo, Tamaulipas

Decenas de organizaciones civiles (ONG) exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía de Tamaulipas una investigación sobre los diecinueve cadáveres calcinados, presumiblemente migrantes de Guatemala, encontrados el viernes 22 de enero en una brecha del ejido Santa Anita, en Camargo, Tamaulipas.

De acuerdo con el diario Reforma, serían once las ONG que presentaron una denuncia penal ante la FGR para que esta dependencia atraiga la investigación.

A través de un pronunciamiento, las organizaciones, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica condenaron la masacre y señalaron que es urgente identificar a las víctimas, ayudar a sus familiares, esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Agregaron que las víctimas probablemente eran originarias de la comunidad indígena Comitancillo, San Marcos, Guatemala, por lo que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de crímenes contra migrantes que pasan por México.

“Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención al no sancionar las masacre de personas migrantes ocurridas previamente en la misma zona fronteriza […] Evidencia la falta de política de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura”.

Ayer, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y quien ahora está al frente de las conferencias matutinas del Gobierno Federal, Olga Sánchez Cordero, rechazó los paralelismos entre los calcinados de Camargo y la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, registrada hace once año.

Lo anterior, luego de que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (DH) sugiriera que los dos casos comparten muchas similitudes:

“Estos hechos (el hallazgo de diecinueve calcinados en Camargo) recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”.

De manera enérgica, Sánchez Cordero subrayó que lo sucedido en Camargo ‘por ningún motivo es igual a lo que sucedió en San Fernando’, pues ahora, aseguró, las autoridades tienen mucha información.

“Todos los días a partir de que sucedió este evento,  hemos estado en el gabinete de seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación y te puedo decir, con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo. Tenemos mucha información (…) y permíteme no darla en este momento porque sabes perfectamente que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecía”.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informo que varios familiares acudieron a aquella cancillería para practicarse pruebas de ADN, pues sospechan que al menos una decena de sus familiares figuran entre las diecinueve victimas.

“Se atendió en la Cancillería a un grupo de familiares y amigos de los presuntos guatemaltecos, a quienes se les otorgó atención especializada de protección consular, dando a conocer los procedimientos a seguir para la identificación, lo cual conlleva realizar pruebas científicas que determinen la identidad de las personas fallecidas, así como un cotejo de las muestras de ADN a realizar a los familiares directos, para cumplir con los procedimientos legales correspondientes”.

Portada: Archivo

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