La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados determinó retirar los cargos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita que se le imputan al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dejando solo el señalamiento por defraudación fiscal.
Durante la sesión de procedencia para la pérdida del fuero constitucional del mandatario panista, su abogado, Alonso Aguilar Zinser, reveló que el órgano que evaluó la validez de las acusaciones realizadas por el Ministerio Público federal para procesarlo por los presuntos delitos antes mencionados se limitó a acusarlo de no declarar ingresos ante las autoridades fiscales.
Estas declaraciones fueron confirmadas por el presidente de la Comisión Instructora, el diputado Pablo Gómez (Morena). Durante su intervención en la tribuna principal, señaló que dicha instancia no encontró pruebas contundentes que acreditaran que Cabeza de Vaca utilizó dinero procedente del crimen organizado para hacer transacciones inmobiliarias.
Gómez señaló que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no contenían suficiente evidencia de dichas acusaciones, aunque tampoco se puede descartar por completo los señalamientos contra el panista. Bajo el sistema penal actual, ante esta duda se debe otorgar preferencia al acusado y no a la parte acusadora.
El morenista también explicó que, contrario a lo que alega la defensa, el caso no está vinculado a una operación inmobiliaria en particular, sino a la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales, un acto que no se puede considerar culposo (accidental), sino que tiene un claro componente doloso, por lo que debe ser investigado.
También recordó que, en fechas recientes, se discutió y aprobó el retiro de privilegios políticos a un integrante de dicha cámara por una cuestión incidental, por lo que no ve motivos por los cuales se deba actuar diferente en esta ocasión, agregando el agravante de que el inculpado habría evadido sus obligaciones fiscales, causando un daño al erario.
La FGR imputó a Cabeza de Vaca el cargo de defraudación fiscal por no haber acreditado el pago de más de 6 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (IRS) por la venta de un lujoso departamento en la Ciudad de México, el cual causó polémica tanto por su costo, como por el juicio mercantil emprendido por el entonces senador y su esposa.
La Fiscalía alega que los recursos con los que fue adquirido dicho inmueble fueron depositados a las cuentas del político por dos compañías que han sido señalados por sus vínculos con grupos delincuenciales; sin embargo, la Comisión Instructora no encontró evidencia suficiente para relacionar a Cabeza de Vaca con los ingresos de dichas empresas.
Con información de la Cámara de Diputados.
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