Lenica Morales, del Colectivo Liquidámbar, dijo que después de cuatro años exigiendo justicia en Arantepacua, Michoacán, ante violaciones a derechos, ejecuciones y detenciones arbitrarias, la comunidad purépecha presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el gobernador Silvano Aureoles por su responsabilidad política en los hechos registrados el 4 y 5 de abril de 2017.
Lenica Morales puntualizó que otros 46 funcionarios michoacanos fueron señalados por los habitantes de Arantepacua como presuntos responsables de los delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, privación de la libertad y allanamiento de morada.
En entrevista para Sin Embargo Al Aire, la activista indicó que los habitantes de Arantepacua acudieron a las instalaciones de la FGR y solicitaron a la autoridad federal que investigue los abusos policiacos que dejaron como saldo cuatro personas muertas y decenas de lesionados.
De acuerdo con los voceros de los afectados, en 2017 los comuneros circulaban en un autobús rentado de regreso a su comunidad cuando de manera ‘intempestiva e ilegal’ los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ–M) les cerraron el paso, ingresaron al vehículo y golpearon y detuvieron arbitrariamente a 38 líderes.
“El operativo fue encabezado en el terreno por el entonces Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, hoy procesado por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa, y contó con la participación de aproximadamente 300 elementos”.
Lenica Morales subrayó que el gobierno de Silvano Aureoles ha sido omiso dentro de los temas de justicia.
“No solamente hay ahorita una controversia en cuanto a la aceptación de la recomendación 42 de graves violaciones porque él no quiere dar una disculpa pública. Entonces la CNDH le volvió a preguntar: ‘¿está seguro de que no quiere dar una disculpa pública?’ porque finalmente no solo está no reconociendo una recomendación con los estudios que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
De acuerdo con el Colectivo Liquidámbar, la comunidad ‘sigue firme’ en su proyecto de autonomía y si no es posible encontrar verdad y justicia en este caso a través de ninguna instancia jurídica nacional, ‘llevaremos el caso al sistema interamericano o a la Organización de Naciones Unidas’.
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