Grupos de activistas y académicos acusaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de tratar de manera discriminatora a las trabajadoras domésticas, al emitir un proyecto de sentencia que les niega el derecho a recibir prestaciones de ley por parte de sus empleadores, diferenciándolas del resto de los trabajadores.
A través de una carta, estos colectivos manifestaron a los integrantes de la Corte su descontento con la determinación tomada. Entre otras cosas, acusaron que este tipo de sentencias legitiman la desigualdad en la que viven aproximadamente 2.4 millones de empleadas domésticas en el país.
Además del Poder Judicial, señalan como cómplices de esta discriminación tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Al primero por negarse a ratificar ante el Senado la firma del convenio 189 de la OIT; y a la última instancia debido a su renuencia para modificar la Ley General del Trabajo y la del Seguro Social para poder proteger a este sector de la población.
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Esto después de que la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán –en donde trabaja la hija del magistrado presidente de la SCJN- elaboró un proyecto de sentencia en el que establecen que los contratantes no están obligados a inscribir a las empleadas domésticas al Seguro Social debido a que su trabajo es distinto de otros.
Esta peligrosa resolución se dio debido a que una trabajadora acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje para su expatrona le pagara el equivalente a prestaciones de ley –como la seguridad social- durante el tiempo que laboró con ella. Sin embargo, esta instancia determinó que no es obligación pagar, por lo que acudió posteriormente a la SCJN.
Con información de Proceso y Animal Político.
