Un grupo de empresarios y trabajadores agrícolas de todo el país preparan una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de la asguradora Pro-Agro, a la cual acusan de fraude por no reintegrar los montos de cosechas aseguradas que se perdieron.
La compañía señalada, propiedad de dos hermanos originarios de Puebla, José y Honorio Cortez, fue una de las grandes beneficiadas durante la administración de Rafael Moreno Valle al frente de dicha entidad. Sin embargo, tras las acusaciones de defraudación, los afectados aseguran que no solo recurrirán a la UIF, sino que buscarán la intervención de la Secretaría de Agricultura y del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
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Los problemas con esta aseguradora agrícola se remontan a 2014, cuando organizaciones campesinas de la región de Tula-Tepeji, en el estado de Hidalgo, acusaron a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros (Pro-Agro) –entonces contratada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal- de no hacer inspecciones para cubrir el seguro de gastos catastróficos.
Justamente hace un año, el 21 de enero de 2019, la Secretaría de Desarrollo Rural de Campeche anunció que cancelaría los contratos con la empresa, después de que esta no pagara 18 millones de pesos a 12 mil productores de maíz, quienes perdieron 15 mil hectáreas de cultivos debido a las excesivas lluvias que se presentaron en la región.
#Campeche SDR rescinde contrato a ProAgro; no ha pagado 14 mdp
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— Crónica de Campeche (@CronicaCampOfic) January 19, 2019
Uno de los afectados, que se identificó como Luis, contó que, tras un año de muy buena cosecha, los hermanos Cortez lo contactaron para que asegurara sus cultivos con ellos, ofreciéndole mejores condiciones que su compañía anterior. Sin embargo, al reportar un siniestro que afectó su producción, les enviaron a un ‘especialista’ poco preparado; posteriormente, se negaron a pagar el seguro argumentando que no se había dado aviso.
Tras investigar un poco, se encontró con otros productores de todo el país que también habían sido defraudados por Pro-Agro. Debido a esto, están organizando un movimiento llamado ‘Defraudados de Proagro’, creando perfiles en redes sociales para captar a un mayor número de afectados, y poder trasladar sus denuncias hasta el presidente López Obrador.
En el estado de Puebla, Pro-Agro fue una de las mayores beneficiadas por la administración morenovallista. En 2011, el gobierno poblano otorgó 21.7 millones de pesos a dos aseguradoras agrícolas, siendo la señalada una de las elegidas. En 2016 y 2017, se invirtieron 18 millones de pesos anuales en contratar los servicios de tres compañías, volviendo a aparecer entre ellas.
En 2017, un periodista de nombre Rodolfo Ruiz, reveló que, la firma de estos seguros contra desastres se trató, en realidad, de un esquema de triangulación de recursos encabezado por el Ejecutivo estatal.
Con información de MTP Noticias, La Jornada Maya y El Diario de Finanzas.
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