La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga el descongelamiento de 722 cuentas bancarias relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero, el cual fue llevado a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con un artículo publicado por Aristegui Noticias, el anterior titular de dicha oficina, Orlando Suárez López, dio la orden de eliminar a los titulares –particulares y empresas por igual- de estas cuentas de la Lista de Personas Bloqueadas; la cual fue llevada a cabo por uno de sus empleados el 4 de junio de 2018, un mes antes de la elección presidencial.
Este trabajador habría ingresado al programa Hermes, con el que operan las computadoras de la UIF, para imprimir el requerimiento 110/E/564/2018, a través del cual se le informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la determinación de restituir el control de sus cuentas bancarias a cientos de personas y empresas bajo sospecha de haber manejado recursos ilícitos.
Operación Hermes: Así descongelaron las cuentas al Cártel de Sinaloa y a otros grupos del narcohttps://t.co/M0OQEf9TaE pic.twitter.com/H4olgCt5O3
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) June 14, 2020
El documento entregado a la CNBV apenas constaba de cuatro cuartillas; sin embargo, este venía acompañado de un anexo de 89 páginas, en el que se incluyeron los datos de una gran cantidad de personas que recuperaron sus cuentas bancarias, en las cuales había un total de mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares.
Entre los principales beneficiarios de la liberación de recursos se encuentran personajes cercanos a narcotraficantes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Rafael Caro Quintero o Juan José Espargaroza Moreno, alias ‘El Azul’, todos ellos integrantes del Cártel de Sinaloa. Otra organización criminal que se vio favorecida por esta acción fue el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además, empresas relacionadas a esquemas relacionados con el PRI –entonces el partido en el poder- también recuperaron el control de sus activos. Entre ellas se encuentran compañías factureras, participantes de la Estafa Maestra o sociedades vinculadas al desvío de recursos para financiar campañas políticas.
Es de llamar la atención que esta controvertida medida fue aplicada apenas un mes antes de los comicios del 2 de julio, en la que el partido tricolor sufrió una estrepitosa derrota electoral, pasando a convertirse en la tercera fuerza política a nivel nacional.
Esto fue posible gracias a la intervención de Eduardo Medina Mora Icaza, entonces juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y amigo personal de Peña Nieto. Entre marzo y mayo de 2018, el exprocurador emitió cinco sentencias de amparo en las que limitó la jurisdicción de la UIF y sentó las bases para que Suárez López pudiera proceder a la liberación de cuentas.
Entre las recomendaciones que propuso en dichos casos, estableció que dicha dependencia solo podía intervenir las cuentas de empresas que se vieran involucradas en investigaciones llevadas a cabo por organismos internacionales, por lo que invalidó cualquier operación llevada a cabo por la Procuraduría General de Justicia (PGR).
Con información de Aristegui Noticias.
Imágenes: Aristegui Noticias y ESPECIAL
