Las denuncias

Poder Judicial de Hidalgo ignora sentencia federal para regresar a dos niños con su padre

¿Imaginas lo terrible que sería si un día un comando armado sustrajera a las personas que más amas? Y, aún peor, que todas las instancias que tienen la obligación de garantizar justicia y seguridad te abandonen y te persigan.

A nuestra redacción llegó la denuncia de un hombre al cual sus hijos le fueron arrebatados, y, a pesar de que ha superado todos los obstáculos legales para recuperarlos, las autoridades siguen sin acatar las sentencias judiciales y regresarlos a él. Se trata de Abedamar Montaño Sánchez, cuyo caso ha tenido cierta repercusión en el estado de Hidalgo.

A través de un video subido a YouTube por un canal llamado RENACIMIENTO 4T, el agraviado hace público en las redes su caso. En la grabación, Montaño relata que sus hijos fueron sustraídos durante un operativo en el que participaron cerca de 50 elementos armados, como si se tratara de la captura de algún líder criminal. Desde entonces, no ha sido informado del estado físico y psicológico de los dos menores, de 4 y 6 años.

El afectado también cuenta que, durante el proceso judicial, el Ministerio Público le solicitó pruebas sobre la actuación de los agentes involucrados, por lo que entregó un disco compacto con audios y videos que evidenciaban los excesos cometidos; sin embargo, dicho material fue desaparecido en la dependencia, como consta en un artículo publicado en El Sol de Hidalgo.

El señor Montaño acusa que, a pesar de que ha superado favorablemente todas las instancias y ya existe una sentencia dictada por un juez federal a su favor las autoridades judiciales del estado de Hidalgo, encabezadas por Blanca Sánchez Martínez, han decidido no acatar las determinaciones y evitar que el hombre recupere a sus hijos. Además, los medios de comunicación locales han favorecido la imagen de los magistrados locales, buscando mejorar su percepción pública.

Además, el denunciante señala que tanto él como sus familiares han sido víctimas de acoso por parte de las autoridades durante los dos años que lleva el proceso, pues constantemente eran seguidos por agentes policiacos y automóviles particulares. También alega que han sido víctimas de actos de intimidación, tanto en su domicilio como en los caminos y calles del estado.

Debido a todas estas irregularidades, Montaño y sus abogados han presentado denuncias contra los empleados del Poder Judicial de Hidalgo, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultando con sentencias favorables. Pero, debido a la falta de voluntad para acatar los fallos federales, acudieron incluso a la Presidencia de la República, que los refirió a la Fiscalía General para acelerar el proceso.

Más adelante, el agraviado señala que este doloroso proceso ni siquiera debió haber ocurrido en primer lugar, debido a que, en el año 2015, se llegó a un arreglo entre las partes y el Poder Judicial en el que se le otorgó la guardia custodia de los menores; por lo que no había bases para ser demandado por la custodia de los mismos; mucho menos para la violenta actuación de las autoridades.

Montaño también destacó la nula utilidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su delegación estatal en Hidalgo han tenido en el caso. Tras dos años de litigio, en los que se ha llegado a las máximas instancias posibles, con resoluciones definitivas, la CNDH apenas está ‘procesando’ la solicitud del padre.

Sin embargo, la mayor preocupación del señor Montaño –reiterado numerosas veces a lo largo de la grabación- es el bienestar de sus niños. Desde que fueron arrebatados de su hogar por 50 elementos de seguridad armados, nadie, ni siquiera las autoridades, han sido capaces de darle algún informe sobre el estado en el que se encuentran los dos menores, a pesar de llevar más de un año bajo su resguardo.

Por ello, esperamos que la intervención de las autoridades federales le dé una feliz conclusión a un asunto que, una vez más, demuestra la ineficiencia y la corrupción al interior del Poder Judicial y de la defensa de los Derechos Humanos en el país.

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