Las denuncias

Padres de menores víctimas de violencia se atrincheran en las oficinas de la CNDH

Padres de familia originarios de San Luis Potosí, cuyos hijos han sido víctimas de abusos y violencia, tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) después de no recibir una respuesta favorable a sus peticiones por parte de la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra.

Roberto Coello y Marcela Alemán son los padres de Lya, una menor de ocho años que fue víctima de violación por parte del personal docente del Instituto Luis González Urbina, ubicado en Rioverde, en 2017. Tras una reunión en la Sala de Juntas, la madre de la menor se ató a una de las sillas.

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A través de un video, Marcela mostró que ató sus pies a las patas de la silla y aseguró que no dejará la habitación hasta que no obtenga una respuesta favorable para obtener justicia para su niña; ya que, tras la reunión con la comisionada, le sugirieron que regresara a San Luis Potosí para interponer una nueva denuncia.

Durante la grabación, afirmó que el Estado no solo le falló a su hija, sino que ha pisoteado sus derechos, y afirmó que la protección para Lya es una obligación de la CNDH; así como para todos los menores y víctimas de violencia.

Denuncian que, tras ser atacada por una educadora de dicha institución educativa, el juez a cargo del caso dejó en libertad a la presunta perpetradora debido a que la menor no fue capaz de confirmar la hora en la que sucedió el incidente. Ahora, la acusada exige a reparación del ‘daño moral’.

Sin embargo, Roberto y Marcela no fueron los únicos manifestantes que se atrincheraron en las oficinas de Derechos Humanos. Silvia Castillo tomó uno de los balcones del inmueble para exigir justicia por su hijo, quien fue golpeado y quemado vivo sin que, hasta el momento, hayan sido capturados los responsables.

Su hijo Alan, de 22 años, falleció tras salir de fiesta con tres amigos el año pasado. Sin embargo, ninguno de los acompañantes de la víctima ha sido investigado por las autoridades, a las cuales acusó de perder evidencias importantes en este caso

La mujer aseguró que no tiene dinero para contratar asesoría legal y denunció la corrupción que existe en la procuración de justicia, por lo que se quedaría en las instalaciones de la CNDH hasta que se le ofrezca la asesoría necesaria.

Con información de 24 Horas.

Imagen: Excélsior

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