El pasado jueves 14 de noviembre se cumplieron 9 años de uno de los peores casos de abuso por parte de las Fuerzas Armadas durante la presidencia de Felipe Calderón, no solo por el grado de violencia ejercido, sino por el sufrimiento y el abandono del cual han sido víctimas los familiares de los agravados.
El 14 de noviembre de 2010, Ramón Pérez Román y Víctor Manuel Chan Javier fueron asesinados por elementos de un comando armado en el municipio de Jalpa de Mendez, en el estado de Tabasco. Esta ‘operación mixta’ estaba integrada por policías municipales y estatales, así como por elementos de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República.
Ramón y Víctor fueron acribillados a bordo de una camioneta Ford Explorer de color rojo que se encontraba estacionado afuera de un local. La versión oficial –reproducida por varios medios de comunicación locales- aseguraba que ambos jóvenes intentaron evitar un retén oficial y posteriormente dispararon contra los elementos; versión desmentida desde un primer momento por los testigos presenciales.
Desde entonces, sus padres –Víctor Manuel Chan Uicab y Ramón Pérez Hernández- se han embarcado en una incansable búsqueda de justicia contra los asesinos de sus vástagos. Desafortunadamente, hoy, a nueve años de la tragedia que marcó sus vidas, no solo no han tenido éxito, sino que todas las instancias que debían apoyarlos los han abandonado.
Tras el homicidio de sus hijos, ambos hombres se apersonaron inmediatamente en Villahermosa, esperando que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) diera pronta respuesta a sus exigencias de castigar a los culpables con todo el peso de la ley. Sin embargo, esta instancia turnó la investigación a instancias federales para hacer las averiguaciones correspondientes.
A partir de ese momento, comenzó un viaje que sufrió un duro golpe el 3 de octubre de 2017, cuando un juez federal determinó de forma definitiva terminar un proceso de cuatro años y dejar en libertad a los nueve –de 33 elementos del operativo- involucrados que se encontraban en prisión como resultado de las averiguaciones de la PGR.
El Poder Judicial no es el único que ha conspirado para que los militares queden impunes por los asesinatos de Víctor y Ramón. Instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Atención para Víctimas del Delito (CEAV) han actuado en contubernio con las Fuerzas Armadas y la PGR para proteger a los responsables del homicidio doble perpetrado en Jalpa.
En 2012, la Procuraduría notificó a los padres que la averiguación estaba por concluir, sin embargo nunca lo hicieron público, por lo que estos últimos promovieron –de manera exitosa- un amparo que obligó a la dependencia a hacer pública la resolución, la cual ya había sido archivada de manera interna.
Esto condujo a la posterior detención de 10 elementos, encabezados por el teniente Garibaldo Pérez García, de quien se supo posteriormente, encabezó el operativo y dio la órden para que la camioneta en la que se encontraban los jóvenes recibiera más de 100 ráfagas de fuego.
A partir de la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, el caso se fue estancando por la falta de acción del Poder Judicial. Por otro lado, la CNDH, Sedena, Semar y el CEAV fueron poniendo obstáculos a los padres con el objetivo de dar carpetazo al asunto, coludiéndose con otros familiares para otorgar reparaciones económicas que ellos no habían solicitado.
Por ello, en el noveno aniversario del homicidio de sus hijos, Víctor Manuel y Ramón continúan en búsqueda de que se haga justicia, por lo que enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta y una relatoría de hechos para que el caso no quede impune.
Imagen: lopezdoriga.com
