Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el problema del agua que actualmente se vive en el estado de Chihuahua, en donde políticos, activistas y agricultores locales se oponen al uso del agua de las presas para cumplimentar el Tratado de Aguas entre Estados Unidos y México.
Al respecto, el mandatario dio a conocer que la comunicación entre el gobierno federal y el Ejecutivo estatal es inexistente; ya que el gobernador Javier Corral Jurado (PAN) ha abandonado todos los canales de diálogo y solamente se dedica a ofrecer conferencias de prensa para asegurar que ‘no se va a dejar’.
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El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, fue más lejos y aseguró que el mandatario chihuahuense perdió la confianza de la administración central y comenzó a filtrar información estratégica. Además, exigió que pida una disculpa pública a los integrantes de la Guardia Nacional y se deslinde de las protestas.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, se expuso toda la información relativa al Tratado de Aguas de 1944, incluyendo una comunicación que Greg Abbott, gobernador de Texas, envió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre el temor existente a que México no cumpla con su parte del acuerdo.
También se expuso a detalle la relación que existe entre las agrupaciones que apoyan el movimiento y grupos políticos en la entidad, vinculados a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). Entre los señalados hay dos exfuncionarios del gobierno de César Duarte emparentados con la familia Urionabarrenechea, líderes de los productores nogaleros.
Los productores de cebolla, por su parte, están vinculados al PAN a través de dos de los principales líderes políticos del movimiento: Jesús Valenciano García y Mario Mata Carrasco. El primero es sobrino de la familia Porras Muñiz, la cual encabeza las principales asociaciones de este producto.
Mata, por su parte, ha sido señalado por su participación en la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Chihuahua, en donde permitió la utilización de un manto freático para alimentar a un lago artificial en una urbanización privada, a pesar de que los estudios de impacto ambiental mostraban la inviabilidad del proyecto.
Finalemente, tanto Corral como los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez fueron vinculados con la Urbanizadora McAllen, propiedad de Carlos Cuevas Abundis, empresario acusado del homicidio de dos escoltas y que ha sido vinculado a acciones de lavado de dinero del Cártel del Pacífico. Valenciano también está implicado en esta red.
Imagen: El Economista
