Las denuncias

Exfuncionaria sancionada por corrupción está detrás de cuenta de ‘derechos humanos’ que insulta a usuarios

La senadora Antares Vázquez reveló la identidad de una presunta defensora de los derechos humanos que se ha destacado por insultar y atacar, tanto a representantes de la Cuarta Transformación como a usuarios de redes, quien resultó ser una exfuncionaria panista con antecedentes de corrupción.

Durante las últimas semanas, ha destacado la presencia de una cuenta de Twitter llamada Derechos Humanos México (@DerHMex), la cual se ha dedicado a atacar con insultos y descalificaciones a figuras como la legisladora guanajuatense o a Zázil Carreras, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

En casos como el de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, los ataques incluso han caído en el racismo y la xenofobia, resaltando su origen judío y los lugares desde donde inmigraron sus antepasados. De igual forma, esta cuenta agrede verbalmente a aquellos usuarios que cuestionan esta postura.

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Fue precisamente en uno de estos casos en donde accidentalmente llegó una pista sobre la identidad de la persona detrás de este perfil. Una cibernauta asumió que se trataba de un hombre, a quien le reprochó su violencia, a lo que le respondió –con insulto incluido- que su nombre era Carmen Segura y era la directora.

Con esta pista, Vázquez descubrió que se trataba de la coordinadora nacional de Protección Civil en el sexenio de Vicente Fox, quien se vio obligada a dejar el cargo y enfrentar una dura sanción luego de que se descubriera un sobrejercicio en la adquisición de productos, así como la asignación discrecional del contrato.

Resulta que, tras el paso del huracán Isidore por Chiapas en 2002, la Dirección General de Protección Civil aprobó la compra de 20 mil botas de hule y 20 mil impermeables. Sin embargo, Segura Rangel autorizó que se adquirieran 5 mil piezas más de cada producto, asignando directamente la licitación a un distribuidor cuyo domicilio era un taller mecánico.

Por ello, la Secretaría de la Función Pública le impuso una multa de 1 millón 773 mil pesos y una inhabilitación de cualquier cargo en el servicio público por un periodo de diez años. Junto con ella fueron sancionados otros dos colaboradores, por el pago excesivo de recursos que no fueron entregados a las víctimas de aquella tragedia.

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