El gobierno de Javier Milei anunció que le cobrará 60 millones de pesos argentinos a un conjunto de quince agrupaciones que identificó como las presuntas organizadoras de las protestas multitudinarias que ocurrieron en Argentina.
El pasado 20 de diciembre, miles de personas salieron a las calles a manifestarse en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia aprobado por el mandatario, el cual derogó 300 leyes, afectando los derechos sociales y laborales del pueblo argentino y abriendo la puerta a la privatización del Estado.
En la gran mayoría de los barrios de Buenos Aires, las localidades de la zona metropolitana y otras ciudades de la nación sudamericana la gente salió armada con cacerolas para expresar su descontento, pese a la legislación promovida por la ministra Patricia Bullrich para prohibir el derecho a la manifestación.
Dicho protocolo permite que ahora las fuerzas de seguridad actúen contra los inconformes sin necesidad de una orden judicial de por medio y determinó que sean quienes ocupan la vía pública quienes paguen el costo total del operativo de seguridad para reprimirlos.
La administración de Milei identificó a quince organizaciones, todas de izquierda, como las presuntas organizadoras del ‘cacerolazo’ que incluso rodeó la sede del Congreso, estimando el costo del ejercicio de seguridad en unos 60 millones de pesos argentinos, equivalentes a 1.2 millones de pesos mexicanos.
Dichas agrupaciones son: Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, William Cook, MTR 12 de abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.
Con información de Excélsior.
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