Un tribunal en Materia Administrativa ordenó a un Juzgado de Distrito que emita una orden de aprehensión en contra de los secretarios de Salud y Hacienda, Jorge Alcocer Varela y Arturo Herrera Gutiérrez; así como contra la oficial mayor de esta última dependencia, Thalía Lagunas, por el delito de desacato.
El incumplimiento deriva de un amparo interpuesto por la Agrupación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica (AMOHP), el cual acusó a los tres funcionarios de ser responsables del desabasto en medicamentos oncológicos que se vivió a comienzos del año pasado.
El recurso pasó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, el cual se manifestó en contra de la petición de la AMOHP en dos ocasiones, en mayo y julio de 2020. Luego de que la solicitud fue negada por segunda ocasión, la asociación interpuso una queja, la cual fue asignada al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Tribunal ordena denuncia ante la FGR contra Jorge Alcocer y Arturo Herrera https://t.co/aLrsK9MLGo pic.twitter.com/OaqXTJTml5
— El Universal (@El_Universal_Mx) July 22, 2021
Dicho organismo concedió la suspensión a la AMOHP, con lo cual las autoridades quedaban obligadas a emprender todas las acciones para garantizar el suministro de medicamentos para los menores de edad. En agosto, la organización presentó un recurso por ‘incidente por exceso o incumplimento’ en el cumplimiento de la orden.
El 11 de septiembre, Alcocer, Herrera y Lagunas presentaron informes relacionados a la suspensión dictada por el tribunal, en los que rechazaron haber sido los responsables por la falta de medicamentos en centros de salud a comienzos de 2020, aunque en aquel momento la adquisición de los mismos estaba a cargo de la Oficialía Mayor de la SHCP.
Una vez que el proceso por incumplimiento se concretó, el Decimonoveno Tribunal Colegiado tomó de determinación de declarar el incidente como fundado, ordenando al Juzgado Cuarto a presentar una denuncia contra los tres funcionarios ante la Fiscalía General de la República (FGR), por desacato a una suspensión de plano tras un apercibimiento previo.
De acuerdo con la Ley de Amparo, esta falta podría acarrear una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación de cargos públicos por el mismo periodo y una multa de entre 300 y 500 días de UMAS. Ahora, corresponderá a la Fiscalía integrar la carpeta de investigación y determinar si existen bases para presentar cargos.
Con información de El Universal.
Imagen:
