La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley General de Comunicación Social –también conocida como ‘Ley Chayote’- promulgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que la falta de reglas y criterios para su aplicación atenta contra la libertad de expresión.
La Sala Primera del máximo tribunal del país concedió un amparo a la organización periodística Artículo 19, reconociendo que existen omisiones legislativas, debido a que no se establecieron criterios claros en el pago a medios de comunicación por publicidad oficial; así como tampoco existen mecanismos para que estas asignaciones se apeguen a lo dispuesto en la Constitución.
La propia SCJN ya había ordenado al Congreso de la Unión la emisión de una ley reglamentaria tras otro amparo promovido por la misma asociación. Pese a que el órgano legislativo cumplió con el mandato de legislar el gasto en Comunicación Social, las omisiones ya mencionadas atentan contra la libertad de expresión y el acceso a la información.
La @SCJN otorgó un amparo a @article19mex que considera inconstitucional la #LeyChayote, ya que atenta contra la libertad de expresión.https://t.co/uhuKgZBxt3
— Animal Político (@Pajaropolitico) September 8, 2021
Por ello, la Corte ordenó al Poder Legislativo que resuelva las deficiencias que presenta dicha ley, otorgando como plazo el último día del periodo ordinario de este año; es decir, el próximo 15 de diciembre.
El director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, explicó en una entrevista para Los Periodistas que las regulaciones en materia de comunicación social comenzaron en 2007, tras la polémica elección presidencial del año anterior. Sin embargo, transcurrieron siete años sin que se promulgara una legislación que evitara el gasto discrecional de recursos para controlar a los medios.
En aquel momento (2014) la legislación que se aprobó tampoco contenía mecanismos claros de asignación y, aprovechando las reformas jurídicas en materia de amparo, Artículo 19 tomó la determinación de aplicar este recurso, pues consideraban que la ‘Ley Chayote’ impedía su objetivo de garantizar el derecho a la información.
En un primer momento, un juez denegó dicho amparo; sin embargo, este fue aceptado por el ministro Arturo Zaldivar, hoy presidente de la SCJN, quien coincidió en que no había criterios para garantizar el reparto de dinero a medios acorde a la Constitución, por lo que ya había otorgado un primer amparo en 2017.
Una de las principales acusaciones en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto fue, precisamente, las enormes cantidades de dinero ejercidas para pagar a medios de comunicación para promocionarse. Se estima que, tan solo entre 2013 y 2017, el mandatario priista ejerció más de 50 mil millones de pesos en este rubro.
El manejo discrecional de publicidad es considerado como una forma de coartar la libertad de expresión, pues permite que los gobiernos -en todos sus niveles- tengan control sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación, otorgándoles recursos a quienes los apoyen y castigando a quienes los ataquen.
Con información de Artículo 19 y Los Periodistas.
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