Esta semana, se filtró ante la opinión pública la declaración que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual implicó a varios personajes de la política nacional, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto.
El exfuncionario, acusado de haber recibido sobornos por parte de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), señaló que una parte del dinero recibido destinado para pagar de legisladores de diversos partidos a cambio de su apoyo hacia las reformas estructurales propuestas por la administración anterior.
En un primer momento, solo Ernesto Cordero (PAN) y Luis Miguel Barbosa (PRD/Morena) rechazaron las acusaciones. Posteriormente, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, aprovechó su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para deslindarse de las declaraciones de Lozoya.
En 2015, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado exigió que se realizara una investigación en contra del mandatario blanquiazul debido a un presunto enriquecimiento ilícito en su patrimonio personal, durante la campaña por la gubernatura, el cual coincidiría con las fechas señaladas por el exdirector de Pemex.
Ahora, más involucrados por las declaraciones de Lozoya han negado de manera pública, entre ellos José Antonio Meade Kuribreña y José Antonio González Anaya, a quienes se les imputa haber operado el contrato desventajoso entre Pemex y Odebrecht para la construcción y manejo de la planta de Etileno XXI.
A través de sus cuentas de Twitter, ambos exfuncionarios rechazaron la denuncia realizada por Lozoya. El excandidato presidencial aseguró que su carrera en el servicio público ha sido honorable y legal; además, acusó al exdirector de Pemex de acogerse al criterio de oportunidad para realizar acusaciones sin pruebas y no para revelar la verdad.
https://twitter.com/JoseAMeadeK/status/1296274171861893120
Mientras que González Anaya, quien sucedió a Lozoya en la petrolera y a Meade en la Secretaría de Hacienda, aseguró que las declaraciones en su contra carecen de sustento y aseguró que se trata de un ‘acto desesperado’ de alguien que pretende ‘esquivar’ la justicia vengándose de quienes lo denunciaron por el ‘caso Odebrecht’.
Niego los supuestos señalamientos que carecen de sustento o lógica alguna de Lozoya. Solo se entienden como un acto desesperado de quien sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad y …
— José A González Anaya (@JAGlezAnaya) August 20, 2020
El expresidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés (PAN), también utilizó las redes sociales para deslindarse del escándalo; asegurando que en las fechas en las que –presuntamente- habría recibido pagos por parte del exfuncionario ya no era diputado, sino secretario general de su partido.
Mi respuesta a las mentiras de Lozoya. https://t.co/TR6hiEGeSm
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020
A través de un video lleno de adjetivos calificativos, el excandidato a la Presidencia de la República afirmó que acudiría a los juzgados a demandar a Lozoya por daño moral. Esta mañana, realizó una segunda publicación en la que confirmó que las acciones legales comenzaron esta mañana.
Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya.
Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas.
La verdad está de mi lado. pic.twitter.com/pdJsVDru2s
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020
Tras varios días de silencio, el exsenador panista Jorge Lavalle emitió un comunicado en el que también negó la veracidad de los señalamientos en su contra. Ahí, aseguró que su relación con Rafael Caraveo –el encargado de recibir el dinero de los sobornos- no está vinculada a las actividades criminales en las que este pudo haber incurrido.
Finalmente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca entregó un documento ante la Fiscalía General de la República en el que solicitan saber si existe una investigación formal en contra de su cliente y se ponen a disposición de las autoridades.
Imagen: ESPECIAL
