La Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitieron un comunicado conjunto en el que hicieron un resumen de los avances en el caso de la Guardería ABC, en la que 49 menores de edad fallecieron en 2009 a consecuencia de un incendio.
En el documento, ambas dependencias recordaron lo ocurrido en Hermosillo aquel 5 de junio, cuando un incendio premeditado en una bodega contigua, propiedad del gobierno de Sonora, se pasó a la estancia infantil, la cual no contaba con las medidas básicas de protección civil, derivando en la tragedia.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera a otorgar justicia a los familiares de las víctimas, el IMSS acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se iniciara una carpeta de investigación con las evidencias proporcionadas por la propia dependencia.
Estas están basadas en el proyecto que el ministro Arturo Zaldívar presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos y que fue desechada por el pleno en lo que el jurista ha calificado como una ‘operación de Estado’.
De acuerdo con la ponencia de Zaldívar, se detectó un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, la operación y el financiamiento de las guarderías infantiles subrogadas por el Seguro Social, como era el caso de la Guardería ABC, destacando las deficientes condiciones de seguridad de dicha concesión y que derivó en una amplísima recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aquella fue la última vez en la que la Suprema Corte estuvo en condiciones de utilizar sus facultades de investigación, ya que las reformas constitucionales emprendidas en 2011 provocaron que estas fueran transferidas a la propia CNDH.
A esa investigación, el IMSS agregó nuevas perspectivas e información en torno a los procesos de adjudicación, contratación, supervisión y prestación del servicio de estancias infantiles a nivel nacional, además de señalar a diversos funcionarios públicos que pudiesen tener algún vínculo con el caso.
De estas pruebas se desprendió la judicialización correspondiente, la cual tuvo como consecuencias la vinculación a procesos de dos servidores relacionados con el incidente. Se trata de Carla Rochín y Sergio Salazar, quienes se desempeñaban como coordinadora nacional de Guarderías y director de Prestaciones Económicas y Sociales, respectivamente.
Finalmente, el gobierno reiteró su compromiso para otorgar la garantía de no repetición a los padres y familiares de los menores fallecidos y a continuar colaborando con la FGR para presentar todas las pruebas necesarias para que se haga justicia.
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