Este domingo, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que informó que llegó a la conclusión de que la iniciativa de censura educativa conocida como ‘PIN Parental’ viola los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y se opone a la construcción de una sociedad más inclusiva.
A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Olga Sánchez Cordero denunció que han detectado que, desde comienzos del año, al menos cinco congresos estatales han presentado este tipo de propuestas; las cuales les permitirían a los padres de familia vetar contenidos escolares que consideren ‘no aptos’ para menores, especialmente en cuestiones de educación sexual.
Gobernación considera que existen dos argumentos para considerar como inconstitucionales las propuestas de PIN Parental. La primera, es que viola los principios de progresividad y no regresión de derechos establecidos en la Carta Magna. También transgrede la potestad del Estado para definir los contenidos educativos, la cual está garantizada por el artículo Tercero.
El Gobierno de México concluye que el llamado “Pin Parental” es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, responsable y bien informada. https://t.co/WfOqNPS7FQ pic.twitter.com/ELhKRPXFTN
— Gobernación (@SEGOB_mx) July 6, 2020
Además, una medida de este tipo incumpliría con los marcos legales a nivel nacional e internacional, referentes a los derechos humanos de la niñez. Por ello, anunció que enviará a los 32 congresos locales un análisis que contenga todos los criterios jurídicos sobre educación laica; así como todos los acuerdos internacionales suscritos por México sobre el derecho a la educación de los menores de edad.
Por todo lo expuesto anteriormente, la Segob, en compañía con las secretarías de Educación y Salud, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); hacen un llamado a los legisladores locales, para poner el interés de los menores por encima del de los padres.
Desde que se anunció este tipo de iniciativas en estados como Nuevo León, académicos, especialistas y organizaciones han denunciado sobre los riesgos potenciales que tendría permitir que los padres de familia censuren los contenidos educativos argumentando que estos van en contra de sus ‘convicciones’ morales y religiosas.
Entre ellos se encuentran un probable aumento en la incidencia de problemas como violencia y abuso sexual en contra de niños y niñas; así como de embarazos infantiles y juveniles, acoso escolar, discriminación y homofobia en contra de menores y adolescentes.
Con información de la Secretaría de Gobernación.
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