Los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que reclaman el restablecimiento de sus actividades normales y acusan al gobernador Luis Miguel Barbosa de pretender apropiarse de la institución estarían siendo engañados, apuntó el abogado Carlos Serna.
El litigante es el representante legal de Guillermo Jenkins de Landa, nieto de William O. Jenkins e hijo de Guillermo Jenkins Anstead, quien ha acusado a su madre y a sus cuatro hermanos de haber sustraído el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, tasado en 720 millones de dólares, trasladándolo a paraísos fiscales.
En entrevista con nuestra directora editorial, Meme Yamel, Serna defendió el derecho de la comunidad universitaria de exigir la devolución de su campus; sin embargo, se mostró sorprendido de que estos defiendan a los personajes que se habrían robado el patrimonio de la institución, engañados por el manejo mediático del caso.
De acuerdo con estas versiones, Barbosa buscaría hacerse del control de la UDLAP a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, instancia que ya había intentado esto durante la administración de Rafael Moreno Valle (2012-2017).
Sin embargo, el jurista señala que el caso que su cliente mantiene contra la Fundación Jenkins, el cual se ha extendido durante más de nueve años, le otorgó las condiciones ideales a la junta para conseguir su presunto objetivo; sin embargo, esta se negó a intervenir a la UDLAP en reiteradas ocasiones.
La última de ellas habría ocurrido en 2018, cuando Moreno Valle ya no era gobernador. Pese a que Guillermo Jenkins contaba con un amparo que le otorgaba la razón, la Junta se declaró incompetente para ejecutarlo, dejando el control de la fundación en manos de sus hermanos y su madre.
Serna señala que la cobertura mediática se ha centrado en Barbosa y Moreno Valle, quien falleció a finales de ese año. No obstante, aún quedan muchas personas vivas que han estado involucradas y que no han sido consultadas al respecto, incluyendo a los gobernadores interinos Tony Gali y Guillermo Pacheco Pulido, así como Gustavo Garmendia y Andrea Ambrogi, quienes encabezaban la Junta en aquel periodo.
Sobre la versión de que es el gobierno morenista el responsable de mantener embargado el campus, el abogado aclaró que, en realidad, la incautación de las propiedades fue ejecutada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debido a que la Fundación nunca reportó ante esta su cambio de domicilio fiscal a Jalisco.
Al hablar del sesgo mediático en el caso UDLAP, Carlos Serna apuntó hacia el comunicador Ciro Gómez Leyva y al semanario Proceso. Al primero lo acusó de nunca haberle concedido derecho de réplica a su cliente; mientras que al segundo lo considera como el ‘medio oficial’ de Virgilio Rincón Salas, abogado de la familia Jenkins de Landa.
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
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