Un juzgado del estado de Quintana Roo desechó el amparo tramitado por la empresa Calica para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador convierta en área natural protegida (ANP) su predio en Playa del Carmen.
Luego de que el mandatario anunció que el Estado mexicano realizó una valuación de 6 mil millones de pesos por el terreno de mil 500 hectáreas de extensión y que, de no aceptar la oferta convertiría la zona en una ANP, Vulcan Materials -propietaria de la empresa- acudió a los juzgados para ‘blindarse’.
Sin embargo, el Juzgado Octavo de Distrito de Quintana Roo determinó que la administración federal aún no lleva a cabo el presunto acto de autoridad contra el que Calica pretende ampararse, por lo que no procede el recurso solicitado. La compañía, por su parte, ya presentó una apelación ante un Tribunal Colegiado de la misma entidad.
La determinación llega unos días antes de que se cumpla el plazo establecido por la ley para que tanto entidades gubernamentales como de la sociedad civil emitan la opinión técnica sobre el estudio presentado por la Federación para la creación de la reserva natural Leona Vicario, que comprendería los terrenos de Calica.
Una vez que se publique este documento, el Ejecutivo tendrá vía libre para publicar la creación de la ANP en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el siguiente paso sería la expropiación de la planta de piedra caliza de Calica en favor de la Nación.
Desde 2018, Calica enfrenta numerosas sanciones por las afectaciones al ecosistema local que provoca la extracción de material pétreo con explosivos. En mayo de 2022 acordaron con López Obrador detener sus operaciones; sin embargo, este descubrió el engaño durante un vuelo de supervisión del Tren Maya.
Con información de Proceso.
Imagen:
