El día

Javier Duarte anuncia cambios en su equipo legal por falta de dinero

Este viernes, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa informó que, por cuestiones financieras, ha tenido que hacer un cambio en su equipo legal, el cual era encabezado por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana. Ahora, esta responsabilidad pasará a Pablo Campuzano de la Mora.

A través de su cuenta de Twitter –la cual es manejada por un tercero-, el exmandatario dio a conocer que, por problemas económicos, ya no le es posible seguir pagando por los servicios legales de Sánchez Reyes Retana; agradeciendo la amistad, profesionalismo y solidaridad que el litigante demostró durante todo el tiempo que lo representó.

En una segunda publicación, informó que Campuzano –quien ha sido parte de su equipo legal desde el comienzo de su proceso judicial- será quien asuma la titularidad de su defensa a partir de este momento.

El anuncio provocó reacciones de molestia y sarcasmo por parte de los usuarios de Twitter. Algunos de ellos sugirieron que, si ya no tiene dinero, utilice los fondos que se le acusa de haber desviado de la administración pública; mientras que otros recomendaron que le pida dinero prestado a alguno de los políticos y empresarios que se enriquecieron de manera inexplicable durante su gestión.

Duarte no es el único exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusado de desaparecer recursos públicos que es representado por Ricardo Sánchez. Desde 2018, encabeza la defensa legal de su primo, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, acusado de desviar mil 200 millones de pesos.

Tal como afirmó el antiguo titular del Ejecutivo veracruzano, Pablo Campuzano ha estado presente desde el inicio de las investigaciones en su contra, las cuales comenzaron en octubre de 2016. El litigante –socio de la firma de Raúl del Toro- fue el encargado de vigilar su proceso de extradición desde Guatemala.

Actualmente, Javier Duarte está pagando una condena reducida de 9 años de prisión, tras declararse culpable de asociación delictuosa y operación con recursos ilegales en 2018. Hasta el momento, el daño patrimonial que las irregularidades de su administración causaron al erario público asciende hasta los 16 mil millones de pesos, aunque se estima que este podría llegar hasta los 60 mil millones.

Imagen: Expansión

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