La Secretaría de la Función Pública anunció la implementación de una nueva metodología para la revisión y verificación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para quienes laboran en el sector gubernamental.
La dependencia encabezada por Roberto Salcedo Aquino emitió un comunicado en el que informa sobre el nuevo proceso para seleccionar las muestras de los informes en los que los funcionarios dan cuenta de las propiedades con las que cuentan durante su encargo en la administración pública.
Para la realización de este ejercicio, se seleccionó una muestra de 769 personas, el porcentaje mínimo para extraer una muestra confiable del universo de 1 millón 480 mil personas cuyas declaraciones de 2020 y 2021 están disponibles en el sitio DeclaraNet, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 5 por ciento.
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A través de un proceso automatizado, el sistema elaboró dos listas diferentes de forma aleatoria. La primera corresponde a servidores que se desempeñen en un nivel operativo, de enlace u homólogo; mientras que en la segunda se encuentran aquellos funcionarios que son jefes de departamento u ostentan cargos de alto nivel.
La SFP aclaró que los primeros registran sus declaraciones patrimoniales a través de un formulario simple, mientras que los segundos deben llenar un formato completo, elaborado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Este tipo de ejercicios de verificación deben llevarse a cabo de manera anual, con respeto al debido proceso y a la normativa vigente en materia de protección de datos. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, en caso de que no se encuentren anomalías en las declaraciones revisadas se emite un certificado para el funcionario; mientras que, en caso contrario, se inicia la investigación correspondiente.
De acuerdo con el artículo 108 constitucional, todos los servidores públicos que participan en la administración pública federal están obligados a reportar su patrimonio bajo protesta de decir verdad; mientras que la legislación antes mencionada señala que la obligación de verificar la veracidad corresponde a la SFP y al Órgano Interno de Control (OIC).
Con información de la Secretaría de la Función Pública.
Imagen: Excélsior
