Uno de los temas más polémicos de las últimas semanas ha sido la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se le otorga a las empresas productivas del Estado (Pemex, CFE) la prioridad en el suministro de energía eléctrica para el sistema nacional.
La polémica se encendió después de que un par de jueces federales argumentaran que dicha legislación es inconstitucional, pues atenta contra la libre competencia en el sector energético, así como contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente consagrados en la Carta Magna.
Para entender de qué forma han afectado al sector energético las reformas emprendidas desde las administraciones anteriores, la periodista Meme Yamel invitó a dos expertos a discutir sobre este tema: el académico Ángel Balderas Puga y el consultor Ramsés Pech, quienes ofrecieron sus puntos de vista.
Tras una conversación larga y tendida, la controversia llegó cuando se abordó el tema de la constitucionalidad de la propuesta enviada por el mandatario. En primer lugar habló Pech, quien se manifestó a favor de la actuación de los magistrados que, hasta el momento, han concedido más de 35 amparos –tres de ellos definitivos– contra la legislación.
El argumento del analista es que la libre competencia está contemplada en los artículos 25, 27 y 28 de la ley fundamental, por lo que la decisión de los juzgadores es adecuada. También señaló que, pese a ser una empresa productiva del estado, los propios estatutos de CFE determinan que esta se rija bajo la ley mercantil, por lo que está incluida con los competidores particulares.
Por el otro lado, el doctor Balderas señaló que los cambios en las leyes son algo inherente a cualquier democracia, ya que los partidos modifican estas a sus intereses cuando llegan al poder, poniendo como ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos, cuando el presidente Joe Biden pasó por encima del Congreso y firmó diecisiete órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo.
En este sentido, apuntó que la reforma no fue una imposición, sino que siguió el mismo proceso que siguen todas las demás propuestas presidenciales: el Poder Ejecutivo las envía al Legislativo para su discusión y aprobación; por lo que es incomprensible que el Poder Judicial intervenga y pase por encima de los otros dos poderes.
Además, cuestionó que los jueces mantengan vigente el marco jurídico de la Reforma Energética, dadas las pruebas de que se logró la aprobación de esta a través de actos flagrantes de corrupción, como el pago de sobornos a senadores de oposición, hecho del cual constan evidencias en video.
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
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