Este viernes, el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, la cual busca corregir y erradicar muchos de los problemas sistémicos en la impartición de justicia en nuestro país.
Con 83 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, los legisladores aprobaron por arrolladora mayoría las modificaciones a cinco artículos constitucionales, las cuales generarán los cambios administrativos para modernizar a esa rama gubernamental; pese a la oposición de algunos personajes como Damián Zepeda (PAN) o Dante Delgado (MC).
Sin embargo, algunos de los puntos promovidos en el dictamen no parecen ser del todo claros. Por ello, la periodista Meme Yamel (Sin Censura) consultó al abogado Simón Herrera Bazán, investigador y experto en derecho penal, para que arrojara un poco de luz sobre los cambios aprobados por los senadores.
Uno de los puntos en los que el especialista se manifestó en contra fue el establecimiento de los criterios de paridad de género para acceder a un cargo como juez. Herrera considera que esto en realidad limita las opciones para más mujeres que quieran emprender una carrera al interior del Poder Judicial, pues considera que estas han venido desempeñando un papel más destacado que el de sus colegas hombres.
Otra modificación hacia la que se mostró contrario fue la de cambiarle el nombre al Instituto de la Judicatura Federal (IJF) para convertirlo en la Escuela Federal de Formación Judicial, debido a que la institución no cambiará sus funciones; aunque reconoció que es positivo ver que se busca mejorar la capacitación hacia los aspirantes a trabajar en la Judicatura.
Sobre las acusaciones de que esta reforma otorga demasiado poder al ministro presidente de la SCJN o de que el CJF se convertirá en el supervisor del máximo tribunal, el licenciado señaló que, en la práctica, lo que provocarán varios de estos cambios es que ambas instancias terminen dependiendo en demasía del Poder Ejecutivo.
Meme Yamel, por su parte, cuestionó que una gran cantidad de amparos, especialmente en casos de alto perfil, se emitan desde el Estado de México, preguntando si existe alguna razón para ello. Sin embargo, Herrera desechó cualquier teoría alternativa al respecto, señalando que simplemente se trata de una cuestión de jurisdicción.
El experto finalizó su participación señalando que lo confuso de algunas de las modificaciones no afectará tanto a los abogados y funcionarios que ya se encuentran en la estructura del Poder Judicial; sin embargo, si perjudicará a los estudiantes que se están preparando, ya sea para ejercer la abogacía o para desempeñar una carrera al interior de la Judicatura.
Imagen: El Economista
