El anuncio realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre los proyectos de infraestructura que se realizarán en el corto y mediano plazo representa una ‘cachetada con guante blanco’ hacia aquellos grupos que aseguraban que había un ‘divorcio’ entre el gobierno y la iniciativa privada.
De acuerdo con el economista José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, esa narrativa fue construida por un grupo de empresarios que, al perder el monopolio de los proyectos de infraestructura, intentaron doblegar al mandatario.
Esto lo dijo en una entrevista para Al Chile con Meme Yamel. Ahí, el analista señaló que, por primera vez desde que se tiene un Plan Nacional de Desarrollo, existe una gran cantidad de propuestas de infraestructura orientadas al sur y al sureste del país; mientras que, durante los gobiernos pasados, esta inversión iba solamente al norte.
Por ello, un grupo de empresarios originarios de dicha región dejaron de participar en las licitaciones como una manera de hacer presión contra el tabasqueño. Sin embargo, el gasto y la construcción de obra pública han continuado, por lo que no les ha quedado otro remedio que volver a entrar a la subasta de los proyectos.
Por ello, estos industriales emprendieron un reto contra el presidente, a través del cual buscaron afectar los indicadores económicos y, con ello, la percepción del crecimiento económico. Un ejemplo de esto fue la reducción en la compra de equipo y maquinaria para construcción, hecho que impactó negativamente a la Inversión Directa Bruta.
La conductora cuestionó el por qué no se realizaba inversión en infraestructura en el sur del país. Martínez respondió mencionando que, debido al desarrollo de la industria manufacturera y su relación con Estados Undos, siempre se había privilegiado al norte, mientras que en el sur se potenciaron servicios como el turismo.
Sin embargo, la realización de megaproyectos como el Tren Maya no solo genera inversión directa por la obra, sino que obliga a realizar trabajos en infraestructura complementaria, por lo que el sureste se verá beneficiado en términos de desarrollo y gasto público.
Un ejemplo que ilustra la desigualdad en la distribución histórica de la obra pública se da en los ingresos medios en los municipios. En Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, un trabajador obtiene 94 pesos diarios; mientras que en San Pedro Garza García, Nuevo León, esta cifra asciende hasta los 484 pesos por jornada laboral.
Con información de Al Chile con Meme Yamel.
Imagen: La Hora
