El senador Ricardo Monreal Ávila presentó este lunes una propuesta para regular las redes sociales y proteger la libertad de expresión de los usuarios, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de que Twitter suspendió definitivamente la cuenta del expresidente Donald Trump.
Para justificar su iniciativa, el legislador se basó en las definiciones de libertad de expresión y los antecedentes de limitaciones a dicho concepto emitidas por entidades judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Estados Unidos o la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (CNDH).
De acuerdo con los precedentes enumerados en el documento, se establece que los únicos escenarios que sobrepasan la protección de las garantías individuales son publicaciones que promuevan mensajes de odio, incitaciones a cometer delitos o perturbaciones al orden público o que vulneren los derechos de las y los menores de edad.
También se señala que los servicios ofertados a través de internet son clasificados como ‘Over The Top’ (OTT) y se dividen en tres categorías: servicios de contenido audiovisual bajo demanda (Netflix, Disney+), servicios de información entre dos o más personas vía mensajería (Whatsapp, Telegram) y las redes sociales.
De estas últimas, cuya definición es similar a las de los servicios de mensajería instantánea, con la diferencia de que los usuarios son quienes proveen la información, se distinguen dos tipos: las comunes y las relevantes. Estas últimas son las que cuentan con más de un millón de suscriptores (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) y es a las que va dirigida esta iniciativa.
Por ello, Monreal propone una modificación al artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que crea la figura de ‘Autorizaciones para Redes Sociales’, las cuales quedarán a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo que será el encargado de determinar las condiciones que estas plataformas deben cumplir para operar en México.
Ahí se establece que los propietarios de estos servicios aún mantendrán el derecho de establecer sus propios términos y condiciones para el uso de estos, pero deberán desarrollar mecanismos para que los usuarios puedan apelar la suspensión –temporal o definitiva- de cuentas y contenidos.
Para la suspensión temporal de perfiles y contenidos, las plataformas podrán seguir utilizando algoritmos robotizados para detectar violaciones a las condiciones de uso. Sin embargo, cuando se trate de cancelaciones definitivas, los casos deberán ser analizados de manera directa por personal capacitado en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Los usuarios que hayan sufrido esta situación tendrán un plazo de 24 horas para apelar la decisión; mientras que las empresas quedarán obligadas a crear mecanismos para que se dicte una resolución definitiva sobre el caso en el mismo periodo de tiempo. En caso de que la resolución sea negativa para los internautas, estos podrán recurrir a las autoridades.
En ese tipo de situaciones, los afectados pueden recurrir al IFT, el cual fungirá como árbitro entre el usuario y la plataforma. En caso de que esta instancia determine que se vulneraron los derechos humanos del señalado, se impondrán multas que irán desde una Unidad de Medida Administativa hasta un millón, es decir, de 89.62 pesos hasta 89 millones 620 mil pesos, dependiendo de la gravedad del caso.
En lo referente a contenidos de carácter electoral, la iniciativa establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrá sus atribuciones con respecto a la aprobación o suspensión de contenidos orientados a influir en los procesos que se lleven a cabo, como el que tendrá lugar en los próximos meses.
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