Después de que el Congreso de Oaxaca aprobara la histórica iniciativa para prohibir la venta de alimentos procesados y bebidas de alto contenido calórico a menores de edad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un comunicado rechazando la determinación tomada por los legisladores.
A través de un comunicado, la organización encabezada por Gustavo de Hoyos Walther –en conjunto con otros organismos empresariales- expresó su desacuerdo con esta medida, afirmando que esta afectará el bienestar de las familias de dicha entidad, debido al impacto que podría tener es diversos sectores productivos.
El organismo patronal y sus asociados aseguran estar en favor de las políticas de salud y de combatir los serios problemas que representan el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, acusaron a los diputados de no haber invitado al sector empresarial a participar en las discusiones sobre la polémica legislación y a trabajar de manera conjunta.
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Coparmex también señaló a los medios de comunicación por informar erróneamente sobre la venta de alimentos procesados y bebidas azucaradas a instituciones educativas; asegurando que esto ya forma parte de la legislación federal desde 2013. La agrupación afirma que, si se ha detectado la venta de estos productos en escuelas, es responsabilidad de las autoridades.
A pesar de que las modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que se prohibirá la venta de productos que sobrepasen los niveles de azúcar, grasas y sodio aprobados por la Norma Oficial Mexicana; la Coparmex asegura que la legislación afectará la comercialización de productos artesanales, como el chocolate oaxaqueño.
Los entes empresariales aseguran que limitar la venta de los productos de sus afiliados en tiendas, supermercados o restaurantes no resolverá el problema de salud que implica la obesidad infantil. Por el contrario, vaticinan que esto provocará la creación de un mercado informal y afectará la economía de miles de familias en el estado.
Esta no es la primera vez que este sector se opone a políticas de salud pública que tienen que ver con alimentos procesados. Durante los últimos meses, también han manifestado su oposición al etiquetado frontal propuesto por el subsecretario Hugo López-Gatell y aprobado por el Poder Legislativo.
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