El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que, pese a los ahorros que se han logrado durante su administración, las políticas de austeridad al interior del gobierno alcanzarán un nuevo nivel, afirmando que se pasará de la actual ‘austeridad republicana’ a una ‘pobreza franciscana’.
Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario reveló que, gracias a las acciones adoptadas desde su llegada al Poder Ejecutivo, se han conseguido ahorros que estima superiores a los 2 billones de pesos; sin embargo, buscará la manera de conseguir más fondos que beneficien a los sectores más vulnerables.
También expuso que este nuevo objetivo se logrará a través de medidas adicionales, como intentar reducir lo más posible viajes al extranjero; así como incentivar que la mayor parte de las comunicaciones se realicen de forma remota, hecho que será comunicado al gabinete en su reunión de mañana.
De igual forma, presumió que no se ha adquirido ningún vehículo nuevo para funcionarios públicos desde su llegada a la Presidencia, pues la camioneta más ‘nueva’ que utiliza fue adquirida en 2018, por lo que ya cuenta con más de 280 mil kilómetros; mientras que hay otras que ya tienen diez años de uso y más de 400 mil kilómetros recorridos.
Funcionarios que ganan más que el presidente
López Obrador señaló que estas medidas deben ser entendidas como una ‘cuestión de Estado’ ante la renuencia de altos funcionarios que se niegan a percibir sueldos inferiores al del primer mandatario del país, pese a que dicha medida ya está aprobada en la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
El pasado lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, mostró una tabla en la que mostró tanto a los funcionarios que ya se rigen por el marco legal -a quienes clasifica como ‘aliados del pueblo’- así como once cargos públicos que aún no han acatado la legislación ya mencionada.
Entre estos últimos se encuentran los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los consejeros de la Judicatura Federal (CJF), los presidentes de los tribunales Electoral (TEPFJ) y de Justicia Administrativa (TFJA); así como los titulares de diversos organismos autónomos (INE, Cofece, INAI, IFT e INEGI).
Entre ellos se encuentran personajes que han sido vinculados a la oposición, como el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón; o el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. Sin embargo, también hay funcionarios que han sido designados por López Obrador.
En dicho grupo aparecen figuras como el fiscal general Alejandro Gertz Manero, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja; o la directora del INEGI, Graciela Márquez Colín. Estas dos últimas incluso han recurrido a recursos de amparo para mantener sus actuales ingresos.
También se apuntaba que los cinco organismos autónomos mencionados acuden cada año a la Suprema Corte para continuar combatiendo el recorte de sueldos, obteniendo suspensiones que permiten que sus directivos continúen ganando más que el presidente de la República.
Con información del Gobierno de México.
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